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La Defensoría del Pueblo exhorta al Tribunal Supremo de Justicia a que garantice el acceso a la justicia ordinaria del indígena tacana Miguel Supa Gamez y a la mujer indígena originaria campesina, Abigail Choquehuanca Cáceres, respetando su identidad cultural y sus derechos como integrantes de un pueblo indígena, y en el marco de los estándares internacionales de protección a los pueblos indígenas, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La autoridad defensorial dijo que esta institución ha verificado que en ambos casos la actuación del fiscal y judicial a cargo, no ha contemplado los estándares y obligaciones del Estado respecto al acceso a la justicia ordinaria de los integrantes de un pueblo indígena, porque mínimamente debió solicitar un informe socio cultural y un peritaje jurídico antropológico, que no hizo.
Señaló que Miguel Supa Gamez está detenido en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 27 de marzo, cuando fue aprehendido en la comunidad Chushuara en el municipio de Apolo, La Paz, como consecuencia de un conflicto de tierras. También desde esa fecha está detenida en el penal de Miraflores, Abigail Choquehuanca Cáceres, aprehendida como consecuencia del mismo conflicto de tierras.
Cruz añadió que Supa Gamez no cuenta con certificado de nacimiento ni cédula de identidad, que los actos investigativos no han avanzado, que el detenido no tiene una adecuada defensa técnica, y que no se ha adoptado el “Protocolo de Coordinación y Cooperación entre las Autoridades Judiciales y las Autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina”. Es decir, afirmó, que en este caso las autoridades judiciales no han contemplado un enfoque diferencial penal indígena, como corresponde.
La Defensora del Pueblo recordó que en estos casos, en el marco de los estándares internacionales de protección a los pueblos indígenas, deben evitarse las penas privativas de libertad; que las autoridades judiciales, en la medida de lo posible, deben privilegiar las sentencias que respeten la identidad cultural del detenido, ya sea mediante la aplicación de sentencias determinadas por la comunidad o mediante la aplicación de la detención preventiva en su comunidad.
Dijo, además, que en caso de que no sea posible aplicar alternativas al encarcelamiento, debe tenerse en cuenta su pertenencia cultural a la hora de asignarlos a un determinado centro penitenciario, pues hacer lo contrario significa tortura, pena y trato cruel, inhumano y/o degradante.
“Exhortamos al Tribunal Supremo de Justicia, que mediante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se garantice el acceso a la justicia ordinaria del indígena tacana Miguel Supa Gamez y la mujer indígena originario campesina Abigail Choquehuanca Cáceres, respetando su identidad cultural y sus derechos como integrantes de un pueblo indígena, y que se cumplan los estándares desarrollados en la normativa internacional”, ratificó la autoridad defensorial.
//FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO//
