–
MAGGY TALAVERA
¿La Corporación Andina de Fomento protegerá los acuíferos y bosques de Santa Cruz?, es la pregunta que hace Alas Chiquitanas frente al silencio de la CAF, puesto de manifiesto en la falta de respuesta a las, al menos, diecisiete cartas que le han enviado solo en junio último parlamentarias, colegios de profesionales, fundaciones y colectivos de defensa del patrimonio natural de Bolivia, particularmente de Santa Cruz en el caso que preocupa hoy y que tiene nombre y apellido: proyecto vial Kilómetro 13-Las Cruces-Buena Vista.
¿Por qué calla la CAF?, es otra pregunta obligada, sobre todo si se consideran los datos y argumentos expuestos en las cartas entregadas en la oficina que tiene en La Paz. El más relevante tiene que ver precisamente con la preocupación central que destaca Alas en su interrogante: el grave peligro que corren los bosques y acuíferos de Santa Cruz. El tramo diseñado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) atraviesa nada menos que la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó, uno de los principales reservorios de agua para la región metropolitana de Santa Cruz.
Ya en 2014 se tenía este dato: “Al menos el 30% del agua que se consume en Santa Cruz de la Sierra proviene de los acuíferos subterráneos del Amboró; además, los nueve municipios que rodean el parque, excepto Samaipata, se nutren del agua que provee esta reserva.
Esta es una de las razones más importantes para que el parque mantenga su categoría de reserva, actualmente del 96%”, se lee en una de las primeras ediciones de La Región. Un dato ratificado a lo largo de los años transcurridos desde entonces y que se constituye en uno de los argumentos centrales para demandar la revisión del proyecto aprobado por la ABC, mismo que cuenta con un financiamiento de la CAF por 112 millones de dólares, aunque el costo total está estimado en 212 millones de dólares.
Pero no es solo eso. El tramo del proyecto que insiste en defender la ABC también deja en peligro al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Amboró, porque su trazo bordea a una de las áreas protegidas más importantes de Bolivia, considerada “una obra maestra ecológica”, por ser “una de las reservas a nivel mundial con mayor biodiversidad, ya que en su superficie (4.425 kilómetros cuadrados) confluyen tres diferentes ecosistemas”. No se puede soslayar aquí otro dato: ya sin carretera, el Parque y AMI Amboró padece desde hace años por los avasallamientos, tala ilegal de árboles y otras actividades ilícitas. ¿Se imaginan el impacto de una carretera bordeando el Parque y AMI Amboró?
Solo esas dos observaciones, ambas de fondo, justifican las interrogantes planteadas en al menos 17 cartas enviadas a la CAF. Una de éstas destaca por el pedido directo hecho al representante del organismo en Bolivia, Florentino Fernández. Es la que le envió el 7 de junio la diputada María René Álvarez, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Forestales de la Cámara de Diputados. En su misiva, Álvarez solicita a Fernández el análisis y la aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales contempladas en los principios que postula la CAF.
Miren nomás cuáles son esas salvaguardas ambientales y sociales de la CAF: evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales; utilización de recursos naturales renovables; y conservación de la diversidad biológica. La carta de la diputada Álvarez acaba reiterando su pedido de “búsqueda de la protección” de la UCPN Güenda-Urubó. ¿No amerita acaso una respuesta, sea positiva o negativa? Nada, silencio total. Un silencio que puede ser un grito o peor aún, llevado a interpretación según el refrán que reza “el que calla, otorga”. Un chitón complicado si se consideran los conflictos y bloqueos que provoca el tema.
Por supuesto que los cuestionamientos no pueden acabar en la CAF como único blanco. La misma pregunta cabe hacerle a la ABC, al ministro de Obras Públicas, al propio Gobierno central, a los sectores movilizados para presionar a favor de la propuesta oficial, e incluso a varios exfuncionarios y exautoridades de la Gobernación de Santa Cruz que no frenaron o incluso alentaron ese proyecto, en lugar de buscar alternativas como las tres expuestas por la actual gestión departamental. Una de ellas, de yapa, menos costosa que la de la ABC, tanto en dinero como en impacto ambiental.
Alguien dijo que este conflicto puede ser bautizado como Tipnis II, haciendo alusión a la pelea librada desde 2011 por los pueblos indígenas para frenar el proyecto vial defendido en la gestión de Evo Morales, carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque atravesaba el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. Ya sabemos cómo acabó la pelea: en represión policial contra los indígenas que participaron en la Octava Marcha, en defensa de su territorio y recursos naturales. Ojalá no se repita la historia.
