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MAGGY TALAVERA
No existen las casualidades, sino más bien las causalidades, repito hoy pensando en el caso Las Londras, como quedó conocido el hecho criminal registrado el 28 de octubre de 2021 en el predio del mismo nombre, ubicado en el municipio El Puente de la provincia Guarayos, en Santa Cruz. En esa fecha, un grupo de encapuchados armados agredió física y verbalmente a diecisiete personas que se habían trasaladado hasta el lugar para verificar lo ocurrido días antes, tras el avasallamiento de la propiedad.
La comitiva la integraban algunos de los afectados por el avasallamiento, policías y siete trabajadores de la prensa, enviados estos por sus medios para cubrir la información. Todos fueron retenidos durante horas, amenazados de muerte, agredidos física y verbalmente, siendo uno de los más afectados un policía, con varias costillas rotas a punto de golpes. Los encapuchados destruyeron además, a balazos, parte de los equipos de prensa.
Pese a la gravedad de los hechos y al escándalo que le siguió, las autoridades llamadas por ley no actuaron de inmediato para dar con los autores de los atropellos, someterlos a jucio y lograr sentencia condenatoria por los delitos cometidos. La que reaccionó de inmediato fue la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, presentando una demanda formal ante el Ministerio Público, en defensa de los compañeros agredidos. Esta es la única acción que sigue vigente y que ha impedido que el caso quede en nada.
Pese a ello, el proceso avanza tan lento que, a dos años de los hechos, no se ha dado inicio al juicio oral, pese a la identificación plena de al menos cinco de los encapuchados armados. Todos ellos fueron beneficiado con detención domiciliaria, sin escolta, que es lo mismo que nada. Un beneficio que les ha permitido moverse con libertad, incluso para seguir tomando predios con violencia, como se probó en el caso de al menos dos de los denunciados. Algo que llevó a la APSC a demandar la revocatoria de la detención domiciliara de los cinco.
Hasta hoy no ha sido posible lograr que se admita esta demanda, ya que las audiencias convocadas para considerar la misma fueron suspendidas en más de quince oportunidades, Esta artimaña se suma a otras medidas tomadas por los jefes de la Policía y de la Fiscalía, como la remoción de policías y fiscales a cargo de las investigaciones. Nada nuevo bajo el sol, dirán muchos, cansados de escuchar miles de testimonios similares. Pero en esta caso específico, el de Las Londras, la impunidad de los denunciados tiene un peso mayor.
Ese peso mayor está en el hecho de que se trata de un grupo irregular que está actuando a vista y paciencia de la Fiscalía, la Policía, el Poder Juciial y el gobierno central. Aquí está el punto en el que calza la frase con la que inicia este artículo y que se inspira en la atribuída al dramaturgo y filósofo alemán Fredrich Schiller: “No existen las casualidades. Lo que nos parecen meros accidentes emerge siempre de la fuente más profunda del destino”. Y este destino está marcado, en este caso, por la presencia y actuación de grupos armados en el país, desde hace ya varias décadas.
Una actuación alentada al menos desde inicios de este nuevo siglo, como lo demuestra el escritor Emilio Martínez en el libro que acaba de publicar, “Los cinco mitos de octubre. Los datos desmienten el relato oficial sobre la guerra del gas”. Martínez revela detalles de los informes de inteligencia dados a conocer por Colombia, Perú e incluso Bolivia, en los que se deja constancia de la presencia de al menos setenta “soldados de las FARC” y de más de 500 integrantes del ELN, dirigidos por un grupo de 34 guerrilleros. Esto, entre 2002 y 2003, justo en el preámbulo de la crisis de octubre de 2003 y que derivó en la caída del gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada.
La relación desde esos años de los grupos armados con el MAS y sus principales dirigentes, Evo Morales y Alvaro García Linera, por citar algunos, queda también en evidencia en los documentos y registros de prensa recolectados por Martínez. Una relación que no parece haberse cortado hasta hoy, como lo demuestra una de las decisiones tomadas ya por el nuevo gobierno presidido por Luis Arce: darle amnistía e indulto, por razones humanitarias, al argentino Facundo Molares, asumido guerrillero de las FARC y preso en Bolivia por su participación en los hechos violentos registrados en Montero en 2019, en los que fueron asesinados Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra.
Así como Molares quedó libre e impune, logrando regresar a Argentina en un vuelo ordenado por el presidente Alberto Fernández, así también gozan de impunidad los cinco encupachados armados que operaron en Las Londras. Y así siguen impunes todos los que actúan de manera irregular en la toma de tierras, ocupación y afectación de los parques y reservas naturales, e invasión de territorios de los pueblos indígenas del Oriente. En veinte años que transcurren desde esos primeros informes sobre guerrilleros de las FARC y el ELN operando en Bolivia y en los países vecinos, ¿cuánto habrán avanzado en su plan?
