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“Ahora sí, pide tus tres deseos, mami”, apresuró Heidy a Silvia, su madre, antes de que la vela en medio de la pequeña torta se apague. La cumpleañera pensó un instante y respondió ilusionada: “Tres. Que siempre estemos juntas, que todos tengan la salud que Jesús nos va a dar y, Heidy, mi tesoro…”.
Hoy, a casi tres años de aquel día, Heidy vive un calvario judicial en el intento de recuperar a su mamá, la docente jubilada de la UMSA y exdiputada (2002-2005), Silvia Cortez Villacorta. Su progenitora -que en 2021 salió de casa y no volvió porque se quedó “retenida” por personas ajenas- sufre “discapacidad mental severa por demencia senil tipo Alzheimer nivel grave” según el diagnóstico de varios especialistas, entre ellos, el psiquiatra y psicólogo clínico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Marcelo Araníbar, quien emitió un contundente informe dirigido a un juez.
La mañana del 25 de noviembre de 2020, Silvia celebraba su cumpleaños número 72 y no llegó a expresar cuál era su tercer deseo, pero por su mirada tenía que ver con el cariño que guardaba hacia su única hija y compañera de toda la vida, Heidy Villanueva Cortez.
Silvia, auditora y master en Ciencias del Desarrollo, fue interrumpida en ese momento por su amiga Yolanda, quien, sin embargo, con voz cariñosa e inclinando la cabeza a modo de ruego repitió: “Que siempre estemos juntas”.
Luego de un par de bromas, finalmente Silvia se inclinó y sopló la vela. La escena fue celebrada por Heidy y Yolanda. Ninguna llegó a imaginar que el deseo duraría solo dos meses.
La muerte del padre
En la actualidad, Heidy Villanueva afronta un proceso por violencia familiar, acción presuntamente cometida contra su madre, quien, en una extensa, pero dispersa declaración, el 1 de abril de 2021 la acusó ―según funcionarios del Servicio Integral Municipal (Slim)― de mantenerla encerrada por siete meses (durante la época de la pandemia de la Covid – 19), de golpearla, insultarla, obligarla a comer sus sobras y tomar pastillas que la hacían olvidar todo.
De probarse la grave acusación reflejada en la imputación firmada por la fiscal Liliana Choque, la hija de Silvia Cortez podría pasar de dos a cuatro años en la cárcel, sino se agrava su situación y le suman otros cargos, como violencia física o económica, tal cual lo advirtió Víctor Hugo Chávez Serrano, abogado que afirma representar a Silvia en ese y otros dos procesos relacionados a la exdiputada.
En entrevista con Periodismo Sin Photoshop, Heidy afirmó que el 27 de enero de 2021, durante uno de los episodios de alucinación y delirio que su madre sufría desde 2016 y se agravaron en 2019, fue a dar a manos de una pareja de conocidos que atienden un hostal cerca de la plaza Isabel la Católica y con ayuda de la abogada, Yovanka Franco, la retuvieron y desde esa fecha están separadas. Ese día, Heidy recibió la noticia de que su padre había muerto por Covid -19 y estaba en medio de los trámites y preparativos del funeral.
En medio de su desesperación por el inexplicable accionar de la pareja del hostal, Heidy buscó al amigo y consejero espiritual que su madre y ella tenían desde 2015. Asesorado por abogados, este presentó una “denuncia de interdicción”, figura legal que permitiría que su hija u otra persona autorizada por un juez asuma la custodia legal de Silvia, debido al deterioro cognitivo que para entonces se había agravado.
En la declaración que hizo como testigo de descargo, la exabogada de Silvia Cortez, Aida Camacho calificó de “curioso”, el hecho de que los familiares presenten la denuncia contra la hija de Silvia, solo 15 días después de que el religioso, en su afán de ayudar a que madre e hija se reúnan, inició el proceso de interdicción ante un juez familiar. “La denuncia de violencia familiar que supuestamente cometí contra mi propia madre fue una represalia en mi contra, las hermanas de mi madre y la abogada la iniciaron para impedir que mi madre retorne a mi lado”, sostuvo Heidy.
En su declaración, Camacho detalló que, según un testamento dejado por la madre de Silvia Cortez, Alicia Villacorta, esta pidió como última voluntad que Silvia sea nombrada como única propietaria de un departamento y que la casa que ocupaba con Heidy, sea dividida en partes iguales entre todos sus hijos.
Camacho, quien aseguró que en el tiempo que las conoció a Silvia y Heidy, éstas siempre se demostraron cariño y respeto mutuo, una convivencia pacífica que solo se vio afectada cuando se hizo evidente el deterioro cognitivo de su cliente, debido al Alzheimer diagnosticado oficialmente en 2019 por el neurocirujano Juan Valle (fallecido).
Para acreditar el grado de incapacidad mental que Silvia padecía, con episodios de amnesia, esquizofrenia, conducta agresiva, también se presentó al juez de familia un certificado del psicoterapeuta Marcos Fernández (español), emitido en abril de 2020, en medio de la pandemia. En el mismo se confirmó el diagnóstico por “discapacidad mental severa por demencia senil tipo Alzheimer nivel grave”, con indicadores de un continuo empeoramiento, por lo que sugería continuar un tratamiento estricto.
Los procesos
El detonante de esos dos procesos legales fue lo ocurrido el 27 de enero de 2021, cuando Heidy recibió la noticia de la muerte de su padre, Walter Villanueva, a causa de la Covid-19. Silvia y el progenitor se habían separado hace varios años, pero mantenían contacto en buenos términos entorno a las actividades de su hija.
En medio de la confusión por la noticia y los preparativos para el funeral, desorientada, Silvia salió de su casa ―según el relato que se tiene en la denuncia por violencia familiar― huyendo supuestamente de su captora, Heidy, quien la mantuvo “aislada de todos” por siete meses y aquel día le había gritado hasta que “le dolió sus orejas” y cuyos “ojos se ponían rojos y negros”.
Además de esas incongruencias, la falta de precisión en cuanto al lugar y las fechas de las presuntas agresiones físicas y psicológicas, en la imputación de la fiscal Choque se menciona una supuesta evaluación psicológica, en la cual el profesional no registró dato alguno sobre la celebración de su último cumpleaños o la muerte del padre de Heidy, los actos de entierro o los años de mutuo cariño y convivencia pacífica que tuvo con su hija, según las declaraciones del religioso y la abogada Camacho, quienes rechazan que Heidy haya tenido una actitud agresiva hacia su madre.
En contraparte, un álbum fotográfico, contradice la versión del presunto maltrato proferido por meses, pues en las imágenes se observa a la madre e hija siempre felices y compartiendo desde comida en diferentes establecimientos, así como paseos y viajes cortos, la mayoría realizados con las medidas de bioseguridad que se impusieron en 2020. “Mi mamá siempre me pedía que le tome fotos, porque sus hermanas no le creían que salía a pasear”, contó la hija.
Según la denuncia de Heidy, quienes coadyubaron con la versión “delirante” de Silvia Cortez, con apoyo de la abogada Franco, fueron David Gutiérrez y Mirna Silva, quienes administran un hostal cerca de la plaza Isabel la Católica, hasta donde su madre llegó desde su domicilio, en la calle Juan de Vargas, a metros del Puente de Las Américas.
En medio de la confusión por la muerte de su padre, Heidy llegó al hostal, pero la pareja, con una serie de argumentos, no le permitió tener contacto con su madre y por extrañas actuaciones de los policías a los que ella acudió, no logró recuperar a su madre, quien no pudo asistir al entierro de su expareja y “asesorada por su abogada” y el personal de dicho hostal, suspendió el tratamiento “neurológico” que debía llevar “de por vida”, según la neuróloga de la Caja Nacional de Salud (CNS)y Unimed, Mónica Molina.
Al percatarse de este y otros hechos, como de pretender desalojarla del departamento que su abuela les dejó y la casa en la que trabaja como educadora junto a su madre, Heidy, quien nunca imaginó llegar a un proceso legal contra su madre discapacitada, buscó apoyo con amigos y abogados. Periodismo Sin Photoshop se presentó en el hostal para conocer la versión de Silva y Gutiérrez, pero este último, antes de cerrar la puerta al periodista que le hizo la consulta, se limitó a decir que “hace años” que no sabían nada de “esa señora”, a la que tuvieron “hospedada” por unos meses y cuyo contacto con ella terminó cuando esta hizo su “check out” (registro de salida).
Tres casos
En la cronología legal, el primer proceso se inició el 15 de marzo de 2021, en colaboración del consejero espiritual, amigo de la familia, quien interpuso la demanda de interdicción, con el fin de que se asuma la custodia legal de Silvia, diagnosticada con “demencia senil tipo Alzheimer”, e impedir así que la catedrática jubilada de la UMSA “continúe firmando documentos que sus captores aseguraron lo hacía de libre voluntad”, denunció Heidy en entrevista con Periodismo Sin Photoshop.
La respuesta del otro lado, relató la hija, fue el segundo proceso, la denuncia en su contra por violencia familiar, además que lograron desalojarla de su casa por un tiempo. Pese a todos los documentos de descargo que presentó por el deterioro mental de su madre, la fiscal Choque decidió imputarla y este año la sometió a una audiencia de medidas cautelares, en la que un juez determinó que cumpla detención domiciliaria.
El abogado Chávez anunció que se pidió revocar esa medida cautelar, debido a que Heidy Villanueva, supuestamente “se ríe” de la orden judicial, además de que no puede acreditar una actividad lícita. Pese a que la hija de su cliente presentó fotos y documentos sobre la legalidad de la actividad académica que realizaba con niños junto a su madre, en su domicilio, para el jurista, la actividad de educadora que realiza no es real, pues la misma incumple requisitos.
Ante el hecho de que su madre, pese a su grave enfermedad, supuestamente otorgó un poder a nombre de la abogada Franco y esta lo ejecutó asumiendo medidas sobre sus propiedades en Derechos Reales, Heidy abrió el tercer caso, por el delito de “engaño a persona incapaz”. En el mismo se vieron procesados dicha abogada, Michael Seefeld, la pareja del hostal y los tres hermanos de Silvia: Gaby, Howard Vicente y Marilyn, quienes serían los que realmente están tras la denuncia de supuesta violencia familiar y los bienes que le corresponden a su madre.
De igual forma, pese a la abundante documentación y declaraciones de especialistas médicos, abogados y testigos, extrañamente la Fiscalía rechazó la denuncia contra quienes Heidy calificó, actuaron en complicidad y se aprovecharon de la discapacidad mental de su madre. Ante este hecho, la hija de Silvia manifestó que no solo impugnará nuevamente esta decisión, sino que pedirá que las audiencias dejen de ser virtuales, para que las autoridades, con apoyo de personal médico acrediten la salud mental de su madre y se verifique que no actúa manipulada.
La familia
El 25 de noviembre de 2020, luego de que Silvia apagó su vela, las risas se interrumpieron por una noticia no muy agradable. En el video que Heidy tomó de ese momento familiar, se observa sobre la mesa un celular, por medio del cual se escuchaba las felicitaciones de su hermano. Éste dijo que junto a él también estaba Marilyn, su hermana: ambos viven en Estados Unidos hace 40 años; Gaby Cortez, la otra hermana, reside en Sucre hace más de 30 años.
“Ya me han arruinado (el festejo)”, exclamó Silvia con gesto serio, pero ante las señas de su hija, que la alertó que estaba grabando el momento, la exdocente de la UMSA se tapó la boca y todos, incluidos quienes estaban al teléfono, rieron en tono cómplice. La broma familiar tenía que ver con el distanciamiento y la rencilla patrimonial que las hermanas habían mantenido por años, cuyo fin debió haber llegado con la herencia que su madre les dejó en su testamento, documento cuestionado por los otros hijos.
El 27 de enero de 2021, 63 días después de aquella celebración, las hermanas de Silvia, la abogada Franco y la pareja del hostal protagonizarían un nuevo episodio de aquella rencilla familiar. Sin ninguna orden legal, en medio de lo que el perito Araníbar denominó una conducta “delirante”, en la que Silvia caía constantemente por el deterioro cognitivo, Heidy afirma que esas personas “raptaron” a su madre y suspendieron la medicación que esta recibía desde 2020 y hasta la fecha la tienen retenida, aislada y sin posibilidad de un reencuentro.
Respuesta a ABI
“Pido recuperar a mi mamá. Recuperar a mi mamá, es lo único que pido”, aseguró, Heidy, visiblemente afligida en entrevista con Periodismos Sin Photoshop. La mujer que primero se mostró desconfiada, accedió a dar su contraparte y contar su versión luego que la Agencia Boliviana de Información (ABI) publicara una nota titulada: “Denuncian a sacerdote por poner a su nombre dos bienes inmuebles de tres personas de la tercera edad”.
“Esa nota de ABI es completamente difamatoria y falsa, no tiene ningún sustento legal sobre la situación patrimonial de mi madre y los hermanos. Hice llegar el reclamo (a ABI) y con mi abogado aún tenemos pendiente y analizamos cómo ejercer nuestro derecho a la contraparte, ya que esos periodistas nunca la pidieron ni se comunicaron con las personas a las que su difamación ha perjudicado”, expresó Heidy Villanueva.
Dicha publicación asegura que, según la versión de Gaby Cortez (83), el religioso “registró a su nombre dos bienes inmuebles, ubicados en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, que sus padres le dejaron, como a dos de sus hermanas, como herencia”. Al margen de no contar con la contraparte, el medio de comunicación estatal no sustentó la nota con ningún documento que confirme la afirmación de la denunciante.
Sobre el tema, el abogado Chávez negó haber sido fuente de dicha nota, pero como representante de la supuesta víctima del consejero espiritual que presentó el proceso de interdicción, aclaró que evidentemente este no puso a su nombre los bienes.
El abogado
Chávez rechazó la versión de Heidy, sobre que las hermanas de su madre, abogados y los supuestos primos se aprovecharon del deterioro mental de su familiar para iniciar el proceso de violencia en su contra y menos que la misma haya tenido la finalidad de modificar la situación patrimonial de Silvia, quien otorgó un poder a la abogada Franco el 19 de mayo de 2021.
“Lo que yo afirmo es que su hija (Heidy) se está aprovechando del maltrato que hizo a su madre y del temor que le causa para ocupar sus bienes. No es una versión la que se prueba, el juez tiene que determinar”, sostuvo el abogado, quien respondió que “no está certificado” que su clienta padezca Alzheimer.
Aclaró que él no puede decir que Silvia padece o no de una enfermedad mental, “porque no soy el perito, mi criterio como abogado no vale, ese debe ser un criterio técnico”. Para él, la hija de su clienta deberá probar que Silvia Cortez sufre de Alzheimer, “con una sentencia ejecutoriada, no simplemente con dimes y diretes”.
El abogado negó hablar sobre el tema de fondo, la salud mental de su cliente, en los tres procesos se limitó a mencionar los aspectos procedimentales. En esa línea, calificó de “oficioso” el actuar del psiquiatra del IDIF, Marcelo Aranibar, quien, entre otros detalles, reveló en un informe emitido el 27 de mayo de 2021 que, al momento de realizar el peritaje ordenado por el Juez Público de Familia 4to, en el marco del proceso de interdicción, los supuestos primos de Silvia y la abogada Franco perjudicaron su labor y, en medio de actitudes “suspicaces”, lo “invitaron a que se retire” del hostal donde por meses estuvo “retenida” la paciente.
“La impresión preliminar que tenemos es la imperiosa necesidad de la abogada (Franco, quien se identificó ante el perito como “tutora” de Silvia) y de los supuestos cuidadores (Gutiérrez y Silva), para evitar que se realice la valoración técnica, tal vez por intereses no conocidos por nosotros”, es parte de las observaciones que hizo Aranibar, esto al margen del extenso y contundente diagnóstico clínico sobre el deterioro mental que en ese momento ya presentaba Silvia Cortez.
En el documento, Aranibar explicó que emitió el dictamen luego de analizar el contexto familiar de la paciente y estuvo refrendado por otros tres informes de colegas del área, quienes ya habían tratado a la mujer desde 2019, con una serie de estudios científicos, como una resonancia magnética nuclear, que confirmaba el proceso degenerativo del cerebro y la “demencia senil avanzada tipo Alzheimer” que padecía Silvia.
Chávez evitó responder sobre el contenido del informe del perito, se centró en señalar que este estaría viciado por una supuesta irregularidad en la designación y advirtió que Aranibar, “debe ser procesado”, para que explique cómo se le fue asignado el peritaje, siendo él funcionario del IDIF en Cochabamba, pero el caso está radicado en La Paz. “No puede valer un procedimiento (el peritaje) viciado, el juez es quién define, pero nosotros tenemos la opinión de que (el informe científico) fue incorrectamente obtenido”, concluyó el abogado.
La interdicción
Sobre el proceso de interdicción abierto a denuncia del consejero espiritual, Chávez volvió a referirse sobre el tema procedimental y no al cuidado de la salud mental de su clienta. En esa línea, calificó el caso de “el más extraño”, porque supuestamente el denunciante se atribuyó una representación que no le compete, además que presentó documentos de otro proceso, como son los estudios y las valoraciones psicológicas.
Sostuvo que, en un inicio, cuando el caso estaba a cargo de otros abogados, su clienta no se defendió de manera adecuada y que quedó en indefensión debido a que las notificaciones le llegaban a la hija. “Pero esto es lo importante, los bienes de la señora Silvia están en posesión de Heidy y están anotados a nombre del cura. ¿Por qué la propia dueña no puede entrar a su propia casa?”, cuestionó el abogado, que, sin embargo, admitió que no hay ningún impedimento legal para la madre de Heidy retorne a su hogar, pero no lo hace, por cumplir con una medida de supuesta protección.
En efecto, en la documentación a la que este medio accedió, no existe resolución alguna que señale que Heydi debe desalojar la casa en la que vivió y cuidó a su madre, tampoco existe impedimento legal para que Silvia retorne a su domicilio, que es el único pedido de su hija para continuar con su cuidado.
Otro hecho llamativo en este caso es que durante el tiempo que Silvia fue aislada de su hija, presuntamente por voluntad propia, cambió su dirección en la cédula de identidad. Este medio trató de contactarse con ella, pero su “cuidadora” afirmó que “la señora estaba un poco peor” y había que pedir permiso a una “encargada”. El carnet también revela otro hecho sospechoso para Heidy, la variación en las diferentes firmas que supuestamente su madre estampó desde 2021, tema que ya se denunció a la Fiscalía, pero que hasta la fecha tampoco fue investigado.
Protección
El 29 de diciembre de 2022, el consejero espiritual que presentó la denuncia de interdicción, asistió a dar su declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, por el caso de violencia familiar que se inició contra Heidy. “Siempre vi que su hija, Heidy Villanueva fue diligente, preocupada y cariñosa en su cuidado. No solo en el tiempo de enfermedad (Alzheimer), sino desde años atrás. Eran muy unidas y se notaba que eran felices juntas, trabajando con los niños y niñas en su kínder. Es imposible que se haya suscitado cualquier tipo de agresiones por parte de su hija”, dijo el sacerdote en su declaración.
Hoy, pese a ese testimonio y otras pruebas, Heidy asegura que está desesperada y asegura que sólo busca volver a abrazar a su mamá y festejar otro cumpleaños como aquel 25 de noviembre de 2020.
//FUENTE: PERIODISMO SIN PHOTOSHOP//
