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Al igual que jueces y fiscales del área penal, el sistema de justicia laboral: Tribunales Laborales y de Garantía Constitucional, Tribunal Constitucional TCP y otros, son ineficaces y no responden a las demandas de los trabajadores fabriles, inclusive les obliga a ir a tortuosos juicios penales cuando el trabajador quiere regresar a trabajar y recibir su salario.
En conferencia de prensa, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que “en las acciones defensoriales, ante el gobierno y operadores de justicia, alcaldías y gobernaciones, verificamos que la justicia laboral es poco efectiva, porque luego que los trabajadores obtienen sentencias en su favor, es tortuoso hacerlas cumplir”.
La autoridad indicó que la Defensoría del Pueblo realiza seguimiento y ha tomado acciones ante organismos estatales que deben garantizar la vigencia de los derechos de los trabajadores, con base a la Ley General del Trabajo y la Constitución Política del Estado.
Cruz ratificó que “los actores estatales que más vulneran la institucionalidad del Estado y tienen más denuncias en la Defensoría del Pueblo, son el sistema judicial: jueces, fiscales, vocales, magistrados, investigadores policiales, Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) y Servicio Integrado de Justicia Plurinacional (SIJPLU)”.
Lo afirmado por Cruz coincide con denuncias de dirigentes y abogados de los trabajadores fabriles, acerca de cinco mil trabajadores despedidos sometidos a tortuosos mecanismos judiciales, en los que unos jueces o fiscales culpan a otros de sus colegas cuando no se puede hacer cumplir sentencias que favorecen a trabajadores.
Inclusive, los dirigentes, insinuaron que existen “consorcios judiciales laborales” o asociaciones ilegales entre jueces, fiscales, vocales, magistrados, abogados, policías y administrativos. El dirigente Vitaliano Mamani afirmó que “en los tribunales judiciales nacionales de Sucre circulan maletines de dinero para perjudicar a los trabajadores”.
De la veintena de casos críticos, 110 trabajadores de LaraBish viven hace 500 días en carpas improvisadas en puertas de la empresa en avenida Vásquez (La Paz). A su vez, 46 trabajadores del Ingenio Azucarero Bermejo ganaron Amparo Constitucional y otros 200 están con “receso indefinido”; uno falleció por falta de atención médica y tres están hospitalizados en Tarija.
Por ello, la Confederación General de Trabajadores Fabriles se declaró en Estado de Emergencia y, antes de tomar medidas, inició ronda de diálogo con autoridades judiciales y del gobierno, una en La Paz el 17 de marzo y otra en Sucre el día 22. Se desconoce de la acción fiscalizadora del Órgano Legislativo y sus comisiones de asuntos laborales. El lunes 7, la COB liderizó una multitudinaria marcha y alertó: “cuidado que tengamos más problemas”.
//FUENTE: ANC//
