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Mediante una carta firmada por senadores y diputados, la alianza Creemos se adhirió al reciente informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, remarcando la situación de los presos políticos como son el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta constitucional Jeanine Áñez
La carta dirigida al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, fue firmada por los senadores Centa Rek, Henry Montero, los diputados María René Álvarez, Walthy Egüez, Erwin Bazán, Ericka Chávez, María Kaline Moreno, entre otros. La nota describe la crisis política, económica, social y jurídica que vive Bolivia y las constantes denuncias que se realizaron ante instancias de DDHH contra el proceder del gobierno de Luis Arce que no solo hace caso omiso sino que tratar de descalificar cualquier informe internacional.
“Rechazamos la calificación de injerencia e intromisión que ha realizado la Cancillería boliviana pues consideramos prudente, oportuno y necesario que otros Estados monitoreen, hagan seguimiento y denuncien a la comunidad internacional la grave situación de los derechos humanos en el país y los excesos del gobierno autoritario de Luis Arce Catacora ante la violación sistemática de los derechos humanos”, refiere la nota en ese sentido.
La alianza opositora también puntualiza otros aspectos para conocimiento del representante norteamericano, como la cantidad de peticiones que se elevaron ante el Sistema Interamericano, sin tener ningún resultado positivo.
Se menciona que en Bolivia existen al menos 250 presos políticos y que el sistema de jueces y fiscales que responden al partido de Gobierno aplica la detención preventiva como regla general, direccionando sus determinaciones en contra de los opositores.
A esa manipulación en la justicia se suma la crisis institucional todavía vigente por la incertidumbre de las elecciones judiciales para este año.
Finalmente, la carta remitida a EEUU recuerda que el gobierno de Bolivia “no ha cumplido con las recomendaciones del informe del GIEI ni con las recomendaciones de ningún otro Organismo Internacional”.
“Las Observaciones finales del Comité contra la Tortura de la ONU de 2 de diciembre de 2021 coinciden en que en Bolivia se aplica la tortura, que no existe independencia judicial y que existe persecución política en el país, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, elementos que aún persisten y que son puntualizados por diversos informes emitidos por Organismos Internacionales”, concluye.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó en la semana el documento: “Informes por país sobre prácticas de Derechos Humanos en 2023”, en el que se hace énfasis en los procesos irregulares contra Camacho, Áñez y el exdirector de Migración, Marcel Rivas. También se refiere a la vulneración de derechos civiles, restricciones a la libertad de prensa y la situación carcelaria en Bolivia.
“Entre los asuntos importantes de derechos humanos figuraron informes creíbles de: tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de agentes gubernamentales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; graves problemas con la independencia del poder judicial; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas; grave corrupción gubernamental; serias restricciones gubernamentales a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; violencia generalizada de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, violencia sexual y feminicidio; y trata de personas, incluido el trabajo forzoso”, cita parte del resumen ejecutivo del Departamento de Estado.
//FUENTE: DIPUTADOS //
