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La bancada de la alianza Creemos envió una misiva al Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, donde denuncian persecución política, amedrentamiento y violación de derechos políticos en contra de asambleístas nacionales de oposición por parte del Gobierno de turno.
“Con la llegada al poder del presidente Luis Arce Catacora se inició una persecución (…) Los senadores y diputados no hemos escapado de esta realidad, y a pesar de que gozamos de inviolabilidad por nuestras declaraciones comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas y expresiones”, reza el documento al que tuvo acceso EL DEBER.
Los parlamentarios consideran que el masismo no ha cesado de censurar y deslegitimar las labores de los opositores como parte de una represalia que se refleja, según la denuncia, en violaciones graves a sus derechos y desarrollando actos de violencia política, en especial en contra de mujeres asambleístas.
Según la Constitución Política del Estado, las y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente.
Sin embargo, los parlamentarios ejemplificaron las acciones de manera detallada, temas los que también existen pruebas documentales.
ALGUNOS CASOS
Uno de los casos más recientes es el de la diputada Tatiana Áñez, a quien la Fiscalía imputó por el delito de lesiones graves y leves a denuncia del legislador masista Héctor Arce, quien la acusó de haberle provocado un leve rasguño, tras situación que se generó en una bochornosa sesión del Parlamento donde los asambleístas de oposición fueron agredidos verbal y físicamente en 2021.
Áñez resultó agredida en esa situación y también sentó una denuncia, pero esta no fue aceptada, pero sí la del diputado Arce. Ante esa situación a la diputada opositora le otorgaron medidas cautelares como su presentación ante el Ministerio Público cada 15 días y arraigo, “lo que denota un exceso, falta de proporcionalidad, así como dependencia política de la Fiscalía.
Otros dos casos se dieron durante el paro departamental de 48 horas que se desarrolló en Santa Cruz el 8 y 9 de agosto. El primero fue el de la asambleísta Eliana Muñoz, quien fue aprehendida por la Policía en el Plan 3000 en un punto de bloqueo cercano a su domicilio, situación por la que fue liberada ante las denuncias que saltaron en diferentes medios.
La segunda denuncia del paro la sentó la diputada Moira Osinaga, quien acompañaba a los vecinos de la avenida Virgen de Luján durante el paro, cuando sufrió un intento de atropello por un vehículo no identificado conducido por el dirigente juvenil masista Reynaldo Ezequiel, quien posteriormente se dio a la fuga. Los hechos fueron filmados por varios ciudadanos. La diputada Osinaga presentó la respectiva denuncia ante las autoridades pertinentes; sin embargo, hasta la fecha no existe avance en las investigaciones del hecho.
Así también se detallan otros hechos como carta notariada de conminatoria que recibió el diputado Erwin Bazán para que remitiese pruebas de la información que poseía sobre sus denuncias sobre narcotráfico y los nexos existentes entre policías corruptos involucrados y redes de narcotraficantes, tema para el que se hicieron los descargos correspondientes, tras una petición de informe Oral al Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo sobre los casos de narcotráfico en parques naturales del país.
El diputado José Carlos Gutiérrez también sufrió un altercado en un hotel con funcionarios de Interpol y Migración, al igual que la legisladora María René Álvarez, quien denunció que su oficina fue allanada por funcionarios de la Unidad de Transparencia del ente legislativo y de la Fuerza de Lucha contra el Crimen.
“Los que hoy acudimos a su autoridad en calidad de víctimas, somos autoridades electas por voto popular (…), ejercemos el control y fiscalización sobre los actos gubernamentales; sin embargo, nos vemos impedidos de cumplir con nuestras funciones con normalidad, debido a restricciones ilegítimas que dificultan nuestra labor parlamentaria y pretenden anular nuestra Independencia Institucional”, denuncian los diputados.
Es por ello que los legisladores solicitaron que la Relatoría valore de forma objetiva la información trasladada sobre las violaciones cometidas por el Gobierno boliviano y se pronuncie al respecto en los informes, declaraciones o comunicados correspondientes.
El denunciar estos hechos ante organismos internacionales es para “acumular pruebas, porque vamos a hacer una visita, para dejar en evidencia que no existe en Bolivia la posibilidad de generar acciones parlamentarias; de que el Parlamento es una cortina de humo porque no tiene resguardados sus derechos”, según la senadora Centa Rek.
//FUENTE: EL DEBER//
