LUIS ANTEZANA
En anterior nota mencionamos que la población de Bolivia, desde l952 al 2022, se triplicó y pasó de 4 a 12 millones de habitantes. Al mismo tiempo, se anotó que la producción anual de alimentos se redujo a menos de un tercio o menos, desde principios de este siglo.
Ese bajón de la producción agrícola destinada a la alimentación de una población, que consume más, así como para abastecer algunas agroindustrias, significa que la producción agrícola nacional ya es mínima en relación con las necesidades, por el aumento de población y el consumo industrial.
A ese grave problema de la relación entre crecimiento de la población y caída de la producción, se agregar el abandono de la tierra por alrededor de un millón de campesinos indígenas que han migrado a las ciudades y al exterior, dejando sin cultivar unas 500 mil hectáreas, lo cual confirma la situación catastrófica en que se encuentran la producción agrícola y la alimentación de la población.
A esas referencias se suma que el gobierno, ante el vacío de alimentos para las ciudades, se ha visto obligado, directa o indirectamente, a abrir las fronteras para permitir el ingreso legal de alimentos, así como permitir el contrabando, política que ha tenido como efecto la competencia y ruina de la agricultura nacional, que antes satisfacía a las ciudades e inclusive exportaba.
En esa forma, la “ley” de Malthus, –que considera que mientras la población crece en progresión geométrica, la producción de alimentos solo crece en forma aritmética–, no se cumple en Bolivia, donde la población crece velozmente, mientras la producción de bienes de consumo cae hasta casi cero, en especial en la zona andina. Se debe remarcar que ese estado de cosas se ha agravado debido a políticas antidemocráticas que aplica el Estado Plurinacional a título de gobierno indígena.
La reforma agraria de 1953 hizo bajar la producción de los latifundios, pero, en cambio, hizo subir la de los indígenas que empezaron a enriquecerse, al haber sido declarados propietarios absolutos de sus parcelas y de su producción, equilibrando, en esa forma, el déficit inicial. Pero, desde que se produjo la contrarrevolución de 1964, ese proceso de alza de la producción agrícola se paralizó, empezó a caer y se agravó con la ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada y el saneamiento de la propiedad rural.
Con esa ley no paró la contrarrevolución, sino que fue profundizada más aún, por el gobierno de Evo Morales que promulgó Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, hoy en vigencia. Esa ley es continuidad de la de Sánchez de Lozada, con la idea, además, de que el país marche hacia el “socialismo del siglo XXI”.
Dichas dos últimas leyes agrarias INRA, que costaron al país más de 500 millones de dólares, tampoco quedaron en el papel, sino siguieron ampliando su carácter reaccionario y contra los indígenas. Entonces, las nuevas disposiciones de la contrarrevolución agraria fueron profundizadas mucho más y, esta vez, ¡¡por medio de la Constitución Política del Estado de 2009!!, hoy vigente.
Se debe recordar que esa Constitución fue tan mal concebida y redactada por la Asamblea Constituyente de 2008, que debió ser corregida y aumentada y, finalmente, aprobada, no por la Constituyente, sino por una comisión apócrifa del Congreso Ordinario, entonces en funcionamiento y bajo control del Poder Ejecutivo.
Es más, esa Constitución ilegítima significó la culminación de la contrarrevolución agraria y, en esa forma, pasados 70 años de la reforma de 1953, fue anulada y la economía agraria del país retrocedió antes del Decreto-ley de Ucureña, condición en la que ahora se encuentra el país, con la característica que, si no fuesen el contrabando y la fantástica importación de alimentos, (transgénicos, por lo demás), por el Estado Plurinacional, la población boliviana estaría viviendo en estado de hambruna.
LUIS ANTEZANA ERGUETA
Escritor e Historiador
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
