EDGAR RAMOS
Como ciencia, la auditoría examina a la gestión institucional, pública y privada. Para auditar al Estado y a sus conductores nos basaremos en mandatos de la Constitución Política del Estado y sus leyes; nuestros papeles de trabajo son los reportes de prensa y actuados del servidor público. ¿Cuál el resultado del trabajo de 4 órganos estatales y entes de control y regulación?
ÓRGANO LEGISLATIVO PIDE CARGO JUDICIAL
Según mandato de la Constitución, los diputados deben debatir y aprobar leyes (Art 145) y controlar y fiscalizar a los conductores de otros órganos de Estado y entes conexos como Fiscalías, Contraloría y entidades públicas (Art 158.l.17). Y representar a ciudadanos y ciudadanas mandantes.
En noviembre de 2021, el diputado potosino Antonio Colque Gabriel –miembro titular del Órgano Legislativo– junto a autoridades originarias y dirigentes partidarios, solicitó al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Arsenio Molina Casanova, designe a un copartidario suyo como juez conciliador en Norte Potosí, sin cumplir procedimiento de Ley. Prueba: https://www.paginasiete.bo/seguridad/audio-presidente-de-la-magistratura-coordina-cargos-judiciales-con-el-mas-GD4423796
El Reglamento General de la Cámara de Diputados –que tiene rango de Ley– prevé sanciones al legislador que incurre en faltas o, delito de tráfico de influencias. Y según el artículo 183.IV.1 de la Ley 25 del Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura debe preseleccionar jueces por méritos y examen de competencia, pero NO por pedido de un diputado pues incurriría en delitos como tráfico de influencias u otros.
El caso Colque-Molina nos recuerda a Omar Michel Durán, cuyo hermano Juan admitió que “repartió cargos” en Oficina de Derechos Reales y Consejo de la Magistratura, según audios rebelados desde la Cámara de Diputados en agosto de 2019. Esa vez, Juan Michel fue detenido Prueba: https://correodelsur.com/seguridad/20190821_hermano-de-consejero-michel-es-aprehendido-y-declara-en-la-fiscalia.html Omar anunció renuncia irrevocable a su cargo; luego vino la convulsión por las elecciones chuecas, más la renuncia y fuga del entonces presidente Morales. Hoy, Omar Michel aun es consejero de la Magistratura. Prueba: https://correodelsur.com/seguridad/20190830_omar-michel-anuncia-su-renuncia-irrevocable-al-cargo-de-consejero-de-la-magistratura.html
ÓRGANO EJECUTIVO QUIERE INSTITUCIONALIZAR JUECES
La Constitución manda que el Ministro de Justicia propone y dirige la política gubernamental del sector justicia (Art 175.l.2) y encabeza la relación del Órgano Ejecutivo con el Judicial, como ser: Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y otros.
El 26 de agosto 2022, el ministro Iván Lima, junto a los consejeros de la Magistratura: Marvin Molina, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez dio anunció –ante prensa– sobre la Convocatoria para institucionalizar a 489 jueces “transitorios” o interinos desde la reforma judicial inconclusa de 2009. Prueba: https://www.fundacionconstruir.org/contenido/comision-de-seguimiento-de-la-conclusiones-de-la-cumbre-de-justicia-anuncia-fin-de-la-transitoriedad-de-jueces-y-juezas/
Al lanzar la Convocatoria 29/2022, Lima afirmó ante la prensa: “los jueces que no demuestren eficiencia en sus labores, se irán a su casa”, y explicó que deben someterse a examen de méritos y de competencia, y una entrevista. Estos anuncios –y consecuentes acciones institucionales– NO le corresponden al referido Ministro; es injerencia pues usurpa funciones del Órgano Judicial, y ocasiona susceptibilidad e inseguridad jurídica en esos 489 jueces y en la sociedad.
En mayo de 2022, Lima mostró hasta dónde llega su conducta como Ministro de Estado, al difundir –ante prensa– el contenido de una Sentencia del Tribunal Constitucional referida al rechazo de un Recurso de Inconstitucionalidad que no había notificado. O sea, el TCP remite sus fallos al Ministro antes que a las partes en litigio. Prueba: https://eldeber.com.bo/pais/anez-fallo-del-tcp-informado-por-el-ministro-lima-revela-la-intromision-en-la-justicia_279559 Es más, la Convocatoria 29/2022 de Lima-Molina fue rechazada por el Ampliado COB del 21 de septiembre 2022 según Resolución Expresa Nº 2. Y el “Caso Vargas-Osvaldo” mostró que en el TCP una sentencia cuesta $us.1.000. Prueba: https//www.urgente.bo/noticia/cer%C3%A1mica-santa-cruz-despido-ilegal-y-reincorporaci%C3%B3n-sin-salario
¿QUÉ HACER?
El “Consorcio Lima-Molina-Michel-Colque” hace negocio turbio con sentencias, designaciones y otras mafias, y la protesta de miles de litigantes es diaria y creciente, en fiscalías, juzgados, TCP, FELCV y otras. A fines de agosto 2022, en la puerta de la Contraloría vi protestar a enfermeras a quienes la CGE les obliga a devolver su salario por su trabajo en la Cuarentena SARS 2020 según Auditoría encabezada por Henry Lucas Ara Pérez más sus abogados y auditores. Y el Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1ro La Paz, integrado por Germán Ramos Mamani, Marco Antonio Vargas Yupanqui, Liz Rocío Avilés Condori, maneja procesos muy delicados con sentencias casi “instruidas”. Y los otros Órganos del Estado; las Fiscalías, las Autoridades de Regulación y Fiscalización como ASFI, ATT, APS u otros, ¿en qué consorcios andan? ¿Qué debemos hacer? Habrá que auditarlos desde la sociedad, o ejercer Acción Directa.
EDGAR RAMOS ANDRADE
Comunicador, investigador social y defensor de periodistas
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
