Seis años de cárcel y la inhabilitación para que ocupe otro cargo en el Estado, es la condena que la Fiscalía pide al juez para el exsubprocurador de Supervisión e Intervención, Juan Kaleff Clemor, contra quien emitió la acusación por el delito de uso indebido de influencias, en el caso se implica a tres exfuncionarios de la Procuraduría y a un fiscal.
“Petitorio: En mérito a lo expuesto y de conformidad al Art. 323 núm. 1) y 341 del Código de Procedimiento Penal, tengo a bien presentar acusación fiscal contra Juan Kaleff Clemor Vargas por el hecho adecuado a los delitos de uso indebido de influencias, previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal, por lo que, solicito respetuosamente se aplique la máxima sanción que prevé este tipo penal (de seis años de cárcel)”, señala la parte final de la acusación a la que Visión 360 logró acceder.
El documento presentado ante el juez, ayer, lleva la firma de las fiscales Elba Sanjinés y Odalís Peñaranda. Al mismo adjuntaron la declaración informativa del ahora acusado, quien afirma ser inocente y que la denuncia presentada en enero, por la Procuraduría General del Estado es “insostenible y más parece producto de un desliz temporal”.
Con esta resolución la Fiscalía cerró la etapa de investigación y el caso pasará a etapa de juicio oral, durante el cual se presentarán 81 pruebas documentales y se convocará a 11 testigos de cargo, según el memorial presentado por las fiscales.
Inicialmente, la denuncia fue presentada por César Siles, quien dejó la Procuraduría y ahora pasó a ser Ministro de Justicia. En una de las conferencias que dio sobre el caso de Clemor, Siles afirmó que no se trata del único, en el que funcionarios de esta cartera de Estado se vieron involucrados en casos particulares, en los que la Procuraduría no tenía motivo alguno para participar.
En la denuncia inicial se explica que en 2016 Clemor, como abogado particular, asumió la defensa de su tío político, Luis Calzadilla, para procesar por un supuesto robo de auto, a la expareja de su familiar, Linda María Aduen, una ciudadana colombiana, nacionalizada boliviana.
A su vez, Aduen explicó a Visión 360 que, desde ese año, fue perseguida judicialmente debido a que hasta 2022 le iniciaron más de 17 procesos penales, y se la acusó indebidamente por el robo de un vehículo que le pertenecía a ella y a su entonces pareja.
Según la acusación, en junio de 2016, Calzadilla otorgó un poder notarial para que Clemor lo represente como su abogado personal y, según los informes que figuran en el cuaderno de investigaciones, luego éste continuó ejerciendo como abogado particular de Calzadilla en cuatro casos hasta el 22 de abril de 2023, pese a que desde octubre de 2020 él fue designado como subprocurador, cargo que ejerció hasta septiembre de 2023, mientras la institución estaba a cargo de Wilfredo Chávez, abogado particular de Evo Morales y parte del equipo jurídico del MAS.
Entre los indicios, por declaraciones y la prueba documental acumulada, la Fiscalía verificó que también estarían involucrados otros cinco abogados, tres de ellos exfuncionarios de la Procuraduría de la gestión de Chávez y otro que actualmente ejerce como fiscal.
Los abogados involucrados, según la acusación, durante varios años fueron defensa de Calzadilla y un hecho llamativo es que señalaban, como domicilio procesal, la oficina en la que funciona el bufete de abogados de Chávez y su esposa, la jueza Vanessa Miramendy, por lo que Aduén señaló que existen indicios para probar que Clemor fue parte de un consorcio ilegal junto a altas autoridades del Estado.
- ///FUENTE: VISION 360///
