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El Congreso peruano rechazó el martes una solicitud para iniciar un proceso de juicio político contra la presidenta Dina Bolaurte presentada por partidos de izquierda, que piden su destitución por las decenas de muertes durante las protestas sociales.
La moción en busca de la vacancia de Boluarte por su “incapacidad moral” para gobernar fue denegada con 64 votos. Otros 37 votaron a favor y se requería un mínimo de 52 votos de los 130 miembros del Congreso para iniciar el proceso.
Como se esperaba, los partidos de derecha que dominan el Congreso desestimaron el primer intento para destituir a Boluarte.
La oposición responsabiliza a la presidenta de la muerte de más de 50 personas, entre civiles y militares, durante tres meses de violentos enfrentamientos que estallaron en diciembre tras la asunción de Boluarte, de 60 años, en reemplazo del destituido exmandatario izquierdista Pedro Castillo.
“Existen razones para la vacancia de Boluarte, ha instaurado un gobierno de represión y muerte”, dijo durante el debate antes de la votación el legislador Jaime Quito, del partido marxista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Castillo.
La expulsión de Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso, desató una ola de protestas en demanda de la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, el cierre del Parlamento y una asamblea para redactar una nueva Constitución.
Las protestas con bloqueos de carreteras, que por momentos paralizaron la operación de importantes minas en el segundo mayor productor mundial de cobre, se han reducido drásticamente desde más de un centenar en enero y solo se mantienen de forma esporádica en la región de Puno, frontera con Bolivia.
“Se debe individualizar las responsabilidades”, dijo la legisladora Patricia Juárez, del partido de derecha Fuerza Popular, el mayor bloque en el Congreso. “Pretender una vacancia en estos momentos no resulta prudente”, afirmó en el debate.
Amnistía Internacional dijo en febrero que tenía evidencias documentadas de “uso excesivo y desproporcional” de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad en Perú al enfrentar las protestas.
Boluarte, que debe completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2026, enfrenta en la fiscalía una investigación por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas, en la que se ha incluido a parte de su gabinete.
Asimismo, la fiscalía ha iniciado una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y lavado de activos, relacionados a aportes de campaña electoral en el 2021 que llevó al poder al profesor rural y exdirigente sindical Castillo.
Boluarte es la sexta presidenta desde el 2016.
En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia minutos antes de una votación de destitución que tenía perdida, mientras que Martín Vizcarra fue destituido en noviembre del 2020 en una votación en el Parlamento, entre otros mandatarios de transición o que no lograron terminar su mandato.
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