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ERICK FAJARDO
La inédita admisión de la demanda por Violencia Política presentada por las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores contra el alcalde Manfred Reyes Villa, viabilizada por una súbita e irregular sustitución de la fiscal de la causa, devino en una imputación de la autoridad municipal tan arbitraria y politizada como las 23 anteriores ocasiones en las que la judicialización de la política fue utilizada por el evismo para tratar de neutralizar y contener al seis veces alcalde y gobernador de Cochabamba.
Como lo oye, la ocurrencia de esta vigésima cuarta imputación política es parte del continuum magnicida en el ecosistema político evista; la repetición de la única acción efectiva que la fauna plurinacional – y por ello entiéndase tanto a actores del MAS como a su oposición orbital – encontró para contener a su mayor amenaza sistémica fuera de la arena política durante la pasada década: El Lawfare.
Y es que ni la judicialización ni la alianza profana de seudo-opositores y evistas contra Reyes Villa son noticia nueva. El referéndum revocatorio inconstitucional de 2008, contra el que por cierto la justicia convencional fallará cualquier día, fue un primer esfuerzo corporativo de la oligarquía empresarial y el gobierno de Evo Morales para contener la emergencia de una lógica descentralizadora del poder que le hizo entender a Samuel Doria Medina y a Tuto Quiroga que sus distancias de Evo Morales no eran tan grandes como la que los separaba de liderazgos emergentes del proceso de descentralización como Reyes Villa o Pepelucho Paredes en La Paz.
El revocatorio fue presentado y aprobado en el Legislativo en 2008 en un contubernio entre el MAS y la oposición funcional de Oscar Ortiz y la CAINCO, con el fin de descabezar a un Reyes Villa que representaba ya en ese entonces una amenaza sistémica para el ecosistema que compartían Evo, la partidocracia tradicional y la elite empresarial cruceña: El riesgo de un cambio de paradigma político; un vuelco de tablero que amenazaba cambiar completamente el juego a uno para el que los coludidos carecían de competencias: La política pública de gestión por resultados.
Volviendo al presente, este nuevo episodio del Lawfare bajo la figura de imputación a Reyes Villa por “violencia política” contra Daniela Cabrera y Claudia Flores intenta cambiar el curso de evolución del conflicto coyuntural y re-enmarcar en un contexto más benévolo para ambas ediles la conversación de la ciudadanía que, según las mediciones sociométricas de aprobación del alcalde posteriores a la crisis, ya adjudicó la inestabilidad municipal al transfugio e intento de golpe desatado cuando, en asociación delictuosa con fines políticos, ambas renegaron de la organización con que fueron electas e intentaron deponer a Reyes Villa en colusión con la bancada evista en el Concejo Municipal de Cochabamba.
En palabras sencillas, ambas concejalas cometieron transfugio al participar de la intentona de derrocar y sustituir por medios inconstitucionales a un alcalde electo por voto popular y con mayoría absoluta. Ambas quedaron expuestas en su empresa delictiva, primero con la defección del concejal del MAS Joel Flores, que rehusó sumarse al golpe y denunció su implicación en la conjura evista, y recientemente por el audio y la confesión de la persona que días atrás reveló que las referidas ediles le pagaron para proveerles el grupo de choque con que consumarían la toma física del Concejo, deschaparían oficinas y se sentarían en las sillas de Presidenta y Secretaria por un par de gloriosas horas.
Sin embargo, hay una diferencia estructural entre este último intento de judicialización y los 23 anteriores: Si bien Evo Morales aún tiene en el bolsillo un buen número de operadores de justicia, el Órgano Judicial se encuentra en un proceso de autodepuración e intenta purgarse a sí mismo del comisariato político de interventores que el evismo impuso a la estructura judicial sumiéndola en un descrédito institucional casi irreversible.
El maquinador detrás de Cabrera no es tan descabellado y entendió perfectamente que son pocas las perspectivas de que esta imputación sobreviva el examen de un juez sobre la concurrencia entre evidencia y tipos penales. ¿Por qué molestarse entonces en promover la acción? Porque quienes toman las decisiones encima de Cabrera y Flores entienden la trascendencia predominante de lo mediático sobre lo judicial para la viabilidad y continuidad de ambas en el escenario político.
Es siempre más auspicioso y mentalmente saludable llegar a sesionar a un legislativo bajo la presunción de ser “víctima de violencia política”, que hacerlo estigmatizadas como tránsfugas y – todavía peor – golpistas chapuceros y fracasados.
