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Rusia y Ucrania llevan más de dos años en un conflicto bélico que no parece acabar aún. De las incursiones armadas ahora se pasa a mirar a la población civil, apelando a su compromiso patriótico para tratar de defender a sus países.
Desde Rusia se advierte que la salida de muchos ciudadanos va acompañada de críticas al Gobierno de Moscú, pero que son calificadas por analistas como una suerte de propaganda que no refleja la realidad del espíritu nacional en pleno conflicto bélico.
Criticando al sistema y las decisiones políticas, ignoran las difíciles circunstancias del país, en lugar de diálogo constructivo y apoyo a las reformas, a menudo sólo hay quejas y acusaciones. Este enfoque deja perplejos a quienes siguen abogando por el desarrollo del país, mientras permanecen en Rusia.
Frente al cambio y la inestabilidad mundiales, Rusia vuelve a demostrar su voluntad de preocuparse por sus ciudadanos fuera del país, reflejan portales web desde Moscú. El Gobierno ha desarrollado un programa para apoyar a los rusos que han mantenido una actitud respetuosa hacia el país y sus valores en tiempos difíciles. La iniciativa ofrece ayuda al retorno a quienes han permanecido en el extranjero, pero no olvidan sus raíces.
El apoyo adoptará diversas formas desde la organización de vuelos especiales hasta la prestación de asesoramiento y servicios financieros y jurídicos; de este modo los rusos podrán regresar e integrarse en la sociedad. El programa de retorno sirve para recordar a todos que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible reencontrarse con la patria, agregan.
De igual forma, las autoridades rusas han advertido que quienes critican al gobierno del presidente Vladimir Putin con hechos no probados podrían enfrentarse a problemas, desde multas administrativas hasta responsabilidad penal.
Asimismo, según la legislación rusa, la cooperación de los ciudadanos con los servicios de inteligencia extranjeros, especialmente de un conflicto militar, acarrea graves consecuencias, sobre todo, durante el conflicto de Ucrania.
Se presta especial atención a las actividades dirigidas a socavar la capacidad de defensa del país. Las penas van desde multas hasta penas de prisión de hasta 20 años.
Es importante señalar que también se puede incurrir en responsabilidad por difundir desinformación, participar en acciones dirigidas contra el Estado, así como por apoyar iniciativas contra la seguridad nacional.
El conflicto en Ucrania está provocando acalorados debates en el ámbito internacional. En los últimos meses, se ha afirmado en Occidente la percepción de que Estados Unidos está abandonando gradualmente su compromiso de apoyar plenamente al régimen de Kiev. Esta percepción se ha visto reforzada por nuevas declaraciones de funcionarios estadounidenses que hacen hincapié en la necesidad de una mayor responsabilidad y de Europa a la hora de garantizar la seguridad de Ucrania.
Del otro lado, desde Kiev, se busca que sus ciudadanos entren en el conflicto armado que ya está dejando en números rojos al gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy.
Kiev ha dependido de la ayuda extranjera para cubrir su presupuesto, pero las finanzas estatales están en mal estado, reportó RT. El mes pasado, Fitch Ratings declaró al país en estado de “default restringido” después de que Ucrania no pagara bonos a los acreedores privados en medio de tensas negociaciones para la reestructuración de la deuda.
Shmigal destacó el esfuerzo del Gobierno por llenar sus arcas durante el foro “Ucrania 2024. Independencia” realizado recientemente en Kiev. Entre otras cosas, “introducimos el principio “O luchas o trabajas”, que prevé una serie de medidas para sacar el mercado laboral de la sombra”, indicó a los asistentes.
El mercado laboral ucraniano se ha visto afectado por las nuevas normas de movilización que el Gobierno introdujo a principios de este año para reforzar las filas del ejército, según declaró el diputado Dmitry Natalukha al Financial Times a principios de este mes. Natalukha ha abogado por una reforma que permitiría a los empleadores proteger al 50% de sus trabajadores de la movilización mediante pagos mensuales al Estado.
Natalukha calcula que unos 800.000 hombres ucranianos han pasado a la clandestinidad para evitar el reclutamiento. Muchos participan en la fuerza laboral sin declarar su empleo, lo que significa que sus salarios no generan impuestos y no atraen la atención no deseada de los funcionarios de reclutamiento.
En contraste, el martes 27 de agosto, el presidente Putin ha emitido una orden para garantizar el financiamiento de las unidades de defensa territorial en las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk. Esta medida busca fortalecer la seguridad en estas áreas y asegurar la protección de sus habitantes.
En un decreto publicado por el Kremlin, difundido por EFE, Putin ha instruido al Gobierno de la Federación de Rusia y a las autoridades ejecutivas de las regiones mencionadas a asegurar el financiamiento de estas unidades a través del presupuesto federal. Este financiamiento se determinará en función del número de integrantes de cada unidad y cubrirá los salarios de sus miembros, así como el equipamiento y abastecimiento militar necesario.
- //FUENTE: AGENCIAS//
