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La diputada María René Álvarez advirtió que la Sentencia Constitucional 076, que anula atribuciones a la Ley Departamental 098, afecta a 11 unidades de conservación ambiental y deja más de 3 millones de hectáreas de tierras a disposición de los avasalladores.
La diputada, entrevistada en radio Fides, reiteró que cinco de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), actuaron con criterio político antes que jurídico y dejaron un funesto precedente que atenta contra la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, porque su fallo apunta directamente contra las unidades de conservación ambiental y las tierras declaradas como patrimonio natural en Santa Cruz.
“No creo en coincidencias, esta sentencia no se movió en siete años, muchos jueces se excusaron con este caso y ahora que está viva la defensa de los acuíferos y el tema de la carretera en la UCPN Güenda Urubó, sale esta sentencia constitucional totalmente funesta”, manifestó.
La legisladora explicó que con la sentencia del TCP son 11 unidades de conservación que con 3,2 millones de hectáreas se vuelven muy atractivas para los avasalladores o neocolonizadores, aliados del MAS, que tienen un plan para tomar el departamento de Santa Cruz que se viene ejecutando hace años.
La Gobernación de Santa Cruz informó que en el departamento existen 11 unidades de conservación patrimonial natural (UCPN) como la referida Güendá-Urubó, que suman un total de 3.295.529 hectáreas que pasarán de la tuición departamental al control del Gobierno central.
La UCPN Güenda Urubó tiene una extensión de 44.711,09 ha; Las Lomas de Arena 14.975,97 ha; Santa Cruz La Vieja 17.080 ha; Ríos Blanco y Negro 1.426.861 ha; Meandros Antiguos del Río Ichilo 22.543,88 ha; Río Grande- Valles Cruceños 734.000 ha; Humedales del Norte 490.051 ha; Espejillos 3.487,59 ha; Serranía Sararenda 144.847,54 ha; Laguna Concepción 135.566,50 ha; y Tucabaca 262.305 ha.
El 8 de agosto, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 0076/2023 que declara la nulidad de atribuciones y competencias dentro de la Ley Departamental de Conservación del Patrimonio Natural de Santa Cruz 98. El caso de conflicto de competencias fue interpuesto por la Vicepresidenta del Estado en 2017.
