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El ingeniero Limbert Chipana, uno de los seis implicados en el robo de los 93 turriles de cemento asfáltico a la Empresa Municipal de Asfalto y Vías (Emavías), anunció que presentará una denuncia por estafa contra uno de los dos funcionarios municipales que ya está encarcelado por este robo. Esto debido a que pagó 130 mil bolivianos por todo el material que luego le fue secuestrado por la Policía durante el proceso penal.
“En su declaración ante la Fiscalía mi cliente ha dejado en claro que él no fue parte (del robo de los turriles en Emavías); al contrario, él es una víctima, fue estafado, pagó 130 mil bolivianos al chofer que lo contactó y le ofreció estos turriles de cemento asfáltico. Por eso vamos a presentar una querella por estafa, para que le devuelvan su dinero”, informó a Página Siete el abogado Freddy Alejo, quien defiende a Chipana.
Los videos de las cámaras de seguridad y el informe de la empresa G Segurity, a cargo del resguardo del garaje de Emavías, muestran que la madrugada del 13 de mayo se presentaron tres camiones grúa en los que se retiraron 93 turriles de cemento asfáltico. Se reportó que esa acción fue dirigida por el encargado de almacenes, Richard Flores, y el chofer de la empresa, de nombre Josué Soria.
Chipana declaró que fue este último el funcionario que el 15 de mayo lo llamó y le ofreció todos los turriles a un precio de 1.400 bolivianos cada uno.
Alejo señaló que no hubo contacto personal entre su cliente y Soria, quien entregó los turriles en un garaje ubicado camino a Copacabana, de propiedad de Chipana, y fue de allí que hace una semana la Policía y la Fiscalía recuperaron los 93 turriles.
Chipana, quien se dedica a la provisión de insumos a empresas que trabajan en la construcción de vías, pagó por medio de un depósito que hizo desde su celular a una cuenta indicada por Soria. Alejo aseguró que su cliente no conocía a Soria ni a ningún otro funcionario de Emavías y no hizo compras similares antes.
Chipana declaró en calidad de sindicado por el delito de receptación de objetos robados; sin embargo, la Fiscalía no lo aprehendió debido a que la pena por ese delito no amerita la detención preventiva. Asimismo, se conoce que también declaró el representante de la empresa Coboin, por el mismo delito, pero se desconoce su situación jurídica.
Además de esas dos personas, el 28 de mayo se envió a la cárcel, con detención preventiva, a Flores y Soria, imputados por el delito de robo agravado. La denuncia fue presentada por Mauricio Berdeja, exgerente de Emavías, quien fue alejado del cargo por este caso, luego de que G Segurity presentó un informe en el que asegura que los guardias de seguridad permitieron el ingreso de las grúas y la salida de los 93 turriles porque, supuestamente, Berdeja dio una orden verbal autorizando esa operación.
En esa línea, la representante del sindicato de Emavías, Nora Arteaga, interpuso una segunda denuncia ante la Fiscalía contra Berdeja, por el “autorrobo” del cemento asfáltico. En contacto con los periodistas, señaló que éste es uno de varios casos de corrupción que fueron denunciados, pero que no fueron atendidos por el alcalde Iván Arias.
Por su parte, Jorge Cocarico, abogado de la empresa G Segurity, se mostró cauto sobre los informes presentados por dos de sus empleados. Consultado sobre si respaldan la versión que dieron los guardias de seguridad, acerca de la orden verbal que supuestamente dio Berdeja para autorizar la extracción de los turriles, Cocarico se limitó a señalar que los informes que dieron sus empleados “se presentaron ante la Fiscalía”, sin referirse a su veracidad, por lo que el hecho es investigado.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
