MAGGY TALAVERA
Los ministros de Gobierno y de Obras Públicas de Bolivia, responsables de la Policía y del control de aeropuertos, respectivamente, ¿son cómplices o incompetentes? Ésta es una de las preguntas inevitables que surgen luego de conocer detalles del escándalo provocado por el transporte de 484 kilos de droga en un vuelo comercial de BoA. Nada menos que la línea bandera de Bolivia, bajo control estatal.
La droga fue cargada al Airbus 330-243 de la empresa Wamos contratada por BoA para cubrir la ruta Santa Cruz de la Sierra-Madrid, en vuelo realizado el sábado 11 de febrero pasado. Logró no solo ser ingresada al Aeropuerto Internacional de Viru-Viru y cargada al AirBus, sino también trasladada sin problemas hasta el Aeropuerto de Barajas en Madrid, sorteando nada menos que siete controles de similar número de entidades estatales.
¿Cómo pudo ser movida una carga de casi media tonelada de droga en un lugar bajo gran control aduanero y policial, sin que al menos uno de los responsables de esos siete filtros hubiera reparado en el cargamento ilícito? Es un gran misterio a descifrar, sin duda, pero no es el único. El otro gran misterio es por qué los responsables de aeropuertos y de la lucha contra el narcotráfico demoraron tres meses y medio en revelar el escándalo.
Según el titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, así fue porque él se enteró del ilícito recién a fines de mayo, “al igual que toda la población boliviana”. ¿Será verdad? Cuesta creerlo, no solo por el nivel de control que tiene el ministro de los aparatos represivos del Estado, entre los que destaca la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, sino también porque ésta conocía del hecho al menos desde el 16 del mismo mes de febrero.
Esa fecha, la Guardia Civil española pide información sobre el vuelo, por conducto regular, como se lee en una publicación de EL DEBER. El pedido incluía el registro de cámaras de seguridad de Viru-Viru, para rastrear el curso seguido por la carga hallada en la bodega 23L del Airbus 330-243 de Wamos, empresa contratada por BoA para el vuelo comercial Santa Cruz-Madrid, realizado el 11 de febrero pasado.
El detalle del pedido y de la fecha fueron confirmados por el capitán Boris Villanueva, oficial analista encargado del Grupo de Tareas Conjuntas e Interdicción Aeroportuaria, de Aircorp, en declaraciones hechas a la comisión de fiscales que inició la investigación del caso recién el 1 de junio. Según Villanueva, él pidió el registro de videos al encargado de Seguridad de BoA el 17 de febrero, un día después del pedido de la Guardia española.
Por eso el jefe de la Felcn declaró inicialmente que conocían el hecho desde mediados de febrero, aunque luego el ministro de Gobierno salió a desmentirlo, diciendo que esas declaraciones habían sido tergiversadas, e insistió en afirmar que solo supieron del mismo a fines de mayo. Otra vez, la pregunta: ¿es posible creer que el ministro desconocía una información tan relevante como ésta?
Esa pregunta fue tomada por el Colegio de Abogados de Santa Cruz para sustentar una denuncia presentada contra los dos ministros identificados como cabezas de la Policía y del control de aeropuertos: el de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el de Obras Públicas, Edgar Montaño. La denuncia fue presentada el viernes retrasado al Ministerio Público en Santa Cruz de la Sierra, por los delitos de encubrimiento y omisión de denuncia.
“No hay por dónde perderse: o son cómplices, o son incompetentes”, dijo al momento de presentar la denuncia el vicepresidente de los abogados cruceños, Félix Oros. Una duda que al parecer será difícil de despejar por la vía de la Justicia. A poco más de 48 horas de hecha la denuncia, la Fiscalía departamental de Santa Cruz desestimó la misma, cubriendo varias carillas para justificar su rechazo.
Una rapidez asombrosa a la que los abogados van a responder con una objeción, ya que consideran que la Fiscalía está negándoles el derecho a conocer la verdad de los hechos. Rapidez asombrosa la de la Fiscalía cruceña, vista solo en otras actuaciones de la misma y que tienen relación con pleitos judiciales de interés especial del Gobierno central y de sus aliados, como son los casos que afectan los derechos políticos de los opositores al MAS.
Pero volvamos al escándalo del narco-BoA o narcoavión. Hagámoslo tomando la duda ya planteada por los abogados cruceños: o las máximas autoridades responsables de la lucha contra el narcotráfico y del control de aeropuertos son cómplices del tráfico de casi media tonelada de droga, nada menos que en la línea bandera de Bolivia; o, de lo contrario, son incompetentes también en su máximo nivel. Es inconcebible que traten de excusar sus responsabilidades argumentando desconocimiento sobre un hecho tan escandaloso.
MAGGY TALAVERA
Periodista y Directora de Periodismo Sin Photoshop
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
