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Redacción VISOR21
El presidente de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, relativizó el hecho de que el expresidente Evo Morales no sea parte de los investigados por la violencia y los muertos generados durante la crisis de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia y expresó que la preocupación de esa instancia internacional no se centra en ese punto, sino en la reparación hacia las víctimas.
Por otro lado, a tiempo de informar que no recibió ninguna carta de solicitud de reunión enviada por la expresidenta Jeanine Añez, Caballero evitó referirse a si existe o no el “debido proceso” en los casos abiertos en contra de la exmandataria. “Pienso que es un tema que tiene que ser resuelto por las autoridades competentes en Bolivia”, fue parte de la respuesta que dio el presidente de la Comisión de la CIDH a Radio Erbol.
CASO EVO MORALES
“En el informe del GIEI (Grupo Independiente de Expertos Internacional – Bolivia) dice que deben ser investigados todos, sin discriminación. ¿El expresidente Evo Morales tendría que entrar en la investigación?”, fue la pregunta que lanzó el periodista Pedro Saul Gemio al mexicano, durante la entrevista que este brindó a Radio Erbol y fue emitida hoy en el programa La Mañana en Directo. La consulta estaba referida al hecho de que la Fiscalía no ha convocado a Morales como testigo y menos como sindicado, dentro de los 21 procesos abiertos por la crisis desatada ese año, suscitadas en medio de las denuncias del fraude electoral atribuidas al MAS.
El mexicano, evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y se remitió a señalar un punto evidente, que deben ser procesados todos quienes hayan incurrido en la vulneración de derechos humanos durante esos sucesos. Descargó la responsabilidad de evaluar ese punto en el sistema de justicia boliviano.
“Creo que tienen que ser (procesadas) las personas que pueden tener responsabilidad en cualquier violación a derechos humanos, deben ser incorporadas en el tema de la investigación por parte de las autoridades. Y en el ámbito también de las responsabilidades que el propio Estado ha determinado para llevar a la Justicia a funcionarios o exfuncionarios. Bolivia tiene un modelo propio y hay que hacerlo operativo”, fue la respuesta de Caballero.
El periodista amplió su consulta sobre ese punto: “¿Ustedes perciben que están (procesados) todos los que deben estar o faltan?”. El comisionado de la CIDH respondió que no era labor de esa instancia el verificar que se investigue a todos los implicados.
“No pienso que la Comisión tenga que llevar un censo de esto, no me parece. Pienso más bien que la Comisión debería tener una preocupación muy profunda, en que todas las víctimas sean reparadas y la mirada tiene que estar en las víctimas, la justicia tendrá que ir llegando y vamos a ver qué pasa (sic)”, respondió Caballero.
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
La delegación de la CIDH, presidida por Caballero, llegó esta semana a Bolivia para hacer el seguimiento a las recomendaciones hechas por el GIEI y contrastó su propio informe con el de autoridades bolivianas. Una de ellas fue el fiscal general, Juan Lanchipa, que dio cuenta de “importantes avances” en la investigación y presentación de acusaciones en 21 procesos relacionados a los hecho violentos de 2019.
En la evaluación presentada por Caballero, ayer en la Cancillería, la CIDH informó que el Gobierno de Luis Arce cumplió sólo cuatro de las 36 recomendaciones hechas por el GIEI. “La creación del mecanismo internacional que tenemos de la mesa de seguimiento; se ha presentado el plan de reparaciones, el plan como tal se ha diseñado y se ha presentado; hubo un foro sobre racismo y perspectiva de género, y un tema que para nosotros es relevante que es dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía a violaciones graves a los derechos humanos. Tenemos ahí un cumplimiento muy importante”, declaró el representante de la CIDH.
CASO JEANINE AÑEZ
En la entrevista con Erbol, hoy se consultó a Caballero si la CIDH consideraba que se cumple el “debido proceso” en el caso de la expresidenta Añez. Esto en relación al debate jurídico nacional que se abrió, en torno a que el fiscal Lanchipa primero presentó pliegos acusatorios ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para que la exmandataria sea procesada en juicios de responsabilidades, pero luego Lanchipa se retractó y ahora la Fiscalía General trata de enjuiciarla por la vía ordinaria.
“¿Estamos en unas contradicciones preocupantes?”, cuestionó Gemio. Caballero respondió: “Yo pienso que es un tema que tendría que ser resuelto por las autoridades competentes en Bolivia. Yo creo que la CIDH no está en condiciones de determinar si está bien (que Añez sea procesada en) una vía o la otra. Los juristas (bolivianos) están divididos en las opiniones. Lo que la CIDH debe tener claro es un pronunciamiento sobre la estancia del debido proceso (a Añez) o en cualquiera que sea el caso”.
Complementó al señalar que, “quizás si a futuro hay un caso que tenga que ver con cómo se aplica el juicio de responsabilidades, bueno ahí se pronunciará la CIDH, pero yo a priori no puedo decir eso”, concluyó el mexicano.
