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Tras la denuncia y resistencia de la prensa nacional, a través de sus representantes agremiados, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados determinó suprimir in extenso el artículo mordaza del proyecto de ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.
La información fue confirmada por la presidenta de la Comisión, la diputada masista Magaly Gómez, quien además compartió una foto con los representantes de los periodistas y medios de comunicación, además de funcionarios del Ejecutivo.
“La Comisión, después de escuchar diferentes diálogos, y en el tratamiento preliminar, hemos visto entre todos los miembros, tanto de oficialismo como de oposición, la supresión del artículo 281”, citó Gómez.
“Reiteramos la firme DEFENSA de los Derechos Humanos, en ese sentido la supresión del Artículo 281 In Extenso del Proyecto de Ley 305/2023, ante el diálogo y coincidencia con los diferentes sectores, y de esta manera atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y Garantías Constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia”, agrega el comunicado publicado en las últimas horas.
El referido artículo modificaba el 281 del Código Penal para incrementar de cinco, originalmente planteados en la Ley 045, a siete años la pena de cárcel para los delitos de racismo y discriminación. En el párrafo que apuntaba a los medios de comunicación, además, se desconocía el alcance de la Ley de Imprenta.
“Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”, citaba el artículo ahora suprimido.
Desde que se conoció el proyecto, los representantes de los medios de comunicación y de los periodistas se movilizaron contra el llamado artículo mordaza del proyecto ley 305.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y las federaciones de periodistas de La Paz y El Alto encabezaron el reclamo del gremio ante el Legislativo, pero sobre todo ante el Ministerio de Justicia y Viceministerio de Comunicación, como impulsores del proyecto ley.
Más tarde, mediante un comunicado, la APLP se declaró satisfecha con el resultado de la resistencia del gremio ante la amenaza a la libertad de expresión.
El presidente de la APLP, Raúl Peñaranda, atribuyó esta victoria de los periodistas a la unidad del gremio que, por primera vez en muchos años, han realizado una alianza entre las federaciones sindicales de prensa, los periodistas profesionales y la ANP, que congrega a los directores de periódicos y revistas del país.
“Sin embargo seguimos alertas ante otras agresiones y actitudes gubernamentales contra el ejercicio de la prensa libre y reiteramos que la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, sigue manteniendo un artículo que establece cárcel contra los periodistas, lo que viola la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta”, mencionó Peñaranda.
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