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A partir de la denuncia del diputado oficialista Héctor Arce, sobre un presunto pago de Bs 18 millones a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para que la empresa China Harbour Engineering Company se adjudique la contratación de la doble vía Sucre – Yamparáez, el Ministerio de Obras Públicas vio intervenidas sus oficinas y a su titular en silencio.
El ministro Edgar Montaño se limitó a decir que en esa cartera de Estado “no se protegerá a nadie” y dejó ingresar a los efectivos policiales para el retiro de expedientes y materiales que apuntan a funcionarios de ABC como los supuestos beneficiados con esa millonaria cantidad de dinero.
El representante de la empresa China Harbour, Jim Zhengyuan, se presentó este viernes en Sucre para la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer 2. El abogado del representante chino, Juan Marcelo Zurita, se limitó a decir que el contrato firmado con la ABC fue “totalmente legal y legítimo”.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) también se hizo presente en el juzgado. Ayer, Arce apuntó contra una “red de corrupción” dentro de la estatal caminera y pidió la renuncia del presidente de la ABC, Henry Nina, y al secretario general Freddy Mamani, ambos exdirigentes de los denominados Interculturales.
Precisamente fue Mamani, según la denuncia, quien se contactó con Jin Zhengyuan en noviembre de 2021 para definir una “comisión” del 4% para la adjudicación del tramo carretero de Chuquisaca.
En diciembre se cerró la licitación con seis empresas proponentes y el costo más bajo de Bs 456.809.149. el 5 de enero de este año, la ABC adjudica el proceso a la empresa china, pero advierte observaciones de forma. Los funcionarios se reúnen con los ejecutivos chinos en Sucre para “modificar” los documentos de la propuesta técnico económica.
En febrero se firma el contrato, pero la empresa CHEC no contaba con el poder notarial respectivo. Nuevamente, los funcionaros de la ABC, dependientes de Nina y Mamani, modifican los documentos. Finalmente, por esos “favores” se hace un contrato ficticio de “servicio de alquiler de equipo y maquinaria” con el que se hace el pago del “soborno”, primero con la mitad, de Bs 9 millones que Jin Zhengyuan entrega a los funcionarios en su propia residencia.
Arce dijo que se tienen los registros, llamadas, fotografías y WhatsApps de esas reuniones.
La oposición exige la renuncia de Nina, pero también del ministro Montaño, quien se dedicó a cumplir un rol partidario en los últimos meses, sobre todo de ataque a Santa Cruz.
“El señor Nina es todo un corrupto, hay que meterlo preso o tiene que devolver la coima y cumplir con un proceso. Pero tampoco se puede salvar el ministro, en vez de salir como pandillero a patear cruceños, hacerse de enemigos, que cumpla su trabajo o que se vaya por incapaz”, declaró el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez.
El diputado del MAS presentó la denuncia ante la Fiscalía en Sucre el pasado 26 de agosto e incluyó en la lista de presuntos responsables, además de Nina y Mamani a Cristian Mendieta, Javier López, Said Martinez, Cosme Gudelio, Carlos Chipana, Deymer Quispe, Juan Carlos Chura y Hernán Palacios.
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