La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), le negó medidas cautelares al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La decisión se conoció el mismo día en que la autoridad recibió el apoyo de funcionarios de la Gobernación y de la agrupación política Creemos en la pugna que
mantiene con el vicegobernador Mario Aguilera.
Tal como ocurrió con la expresidenta Jeanine Áñez el 9 de octubre de 2021, a través de una carta, la CIDH comunicó al Estado boliviano que “ha considerado oportuno no otorgar medidas cautelares” a favor de Camacho Vaca. La misiva, dirigida al canciller Rogelio Mayta, fue suscrita por Fernanda dos Anjos (por autorización de la Secretaría Ejecutiva).
En el texto, la CIDH indica que cerrará el expediente de la solicitud de Camacho, “al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del reglamento”. La misiva también señala que la CIDH continuará “el monitoreo de la situación por la relatoría del país”.
El artículo 25 del reglamento de la CIDH señala que la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. “Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema
Interamericano”.
Según el reglamento,la comisión analiza tres aspectos para tomar una decisión: Gravedad de la situación, urgencia de la situación y el daño irreparable. La carta de la CIDH señala que no se cumplieron estas condiciones.
El sexto parágrafo advierte que “al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los siguientes elementos: Si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse. La identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados”.
Por último, “la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre justificada”.
La carta enviada por la CIDH manifiesta que “la comisión podrá volver a examinar otra solicitud de medidas cautelares, de presentarse hechos nuevos, sin perjuicio de los demás mecanismos de monitoreo de los que dispone, conforme a sus
atribuciones”.
Por otro lado,solicita al Estado boliviano continuar brindando la atencióny facilidades médicas para atender la situación de salud de Camacho.
Parlamentarios de Creemos pidieron, ante la CIDH, medidas cautelares para Camacho, el 29 de diciembre de 2022, al día siguiente de su aparatosa detención. En marzo de este año, durante la visita de una delegación de la CIDH, tantoel gobernador cruceño (desde Chonchocoro), como su familia, lograron entrevistarse con los personeros de la misión internacional.
El Gobierno no se pronunció oficialmente sobre la misiva, pero confirmaron la recepción del documento oficial de la CIDH.
AÑEZ TAMBIÉN FUE RECHAZADA POR LA CIDH
En agosto de 2021, la expresidenta Jeanine Añez, a través de sus abogados y su hija Carolina Ribera, también pidió activar las medidas cautelares a la CIDH, por la afectación a sus derechos humanos y los riesgos en su salud dentro del penal de Miraflores de La Paz.
En octubre, la CIDH cerró el expediente y se limitó a elevar una recomendación: “La Comisión ha exhortado a la parte solicitante a cooperar de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de la señora Jeanine Añez, valorando, en comunicación con sus médicos de confianza y aquellos ofrecidos por el Estado, el acceso a tratamiento médico adecuado para el tratamiento de la salud física y mental de la señora Añez”.
