La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el informe Nº 243/22 en el que se da por admitida la denuncia presentada por Branko Marinkovic, por la sistemática violación de derechos humanos cometidas por el Estado en contra suya y de su familia, durante el régimen de Evo Morales, en el denominado caso Rózsa, que se desdobló en las investigaciones “terrorismo I y II”.
“La CIDH declaró admisible la denuncia de violación a los derechos humanos de Branko Marinkovic durante la tramitación de los casos denominados terrorismo I y II. En ambos procesos él y su familia fueron afectados. Hay que recordar que, durante todo ese proceso, mientras el ingeniero estuvo en el exilio, fue falsamente sindicado de dirigir y financiar un intento de magnicidio, un grupo separatista y un grupo terrorista”, confirmó el abogado Gary Prado.
“En consecuencia la Comisión considera que en el presente caso los alegatos presentados por la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundados, por lo que requieren un examen más profundo en etapa de fondo, toda vez que declararse probados los hechos, estos podrían constituir violaciones a los artículos 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 11 (derecho a la honra y de la dignidad), 21 (derecho a la propiedad privada) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana”, señala parte del informe de la CIDH al que tuvo acceso VISOR21.
La demanda individual fue presentada el 18 de octubre de 2010. Más de doce años después se conoce la respuesta del órgano internacional que podría derivar en un nuevo fallo que determiné que el Estado Plurinacional de Bolivia es responsable por “graves violaciones de derechos”, como ocurrió con tres extranjeros y dos bolivianos victimas del mismo montaje del caso Rózsa.
En otro informe publicado en septiembre de 2022, la CIDH estableció que durante el régimen de Morales se produjeron ejecuciones extrajudiciales contra tres personas y otras dos que fueron detenidas y torturadas, ligadas supuestamente a un grupo armado y separatista que tenía como objetivo dividir el país y cometer “magnicidio”.
Se trató de la denuncia presentada por los asesinatos de Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés, quienes murieron el 16 de abril de 2009, durante el asalto al Hotel Las Américas, en Santa Cruz. Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro, fueron arrestados.
Prado remarcó que en el informe de admisión de la denuncia de Marinkovic, se cita el caso de los tres extranjeros y los dos bolivianos, “como un antecedente que deja en evidencia el actuar malicioso de los funcionarios del gobierno de Morales y el montaje de los casos de terrorismo, que tenía como fin desarticular a la oposición política del MAS”.
El abogado cruceño explicó que luego de la notificación con la admisión de esta denuncia, la CIDH podría emitir un informe final en 2024, en el que se conocerá si el Estado es señalado nuevamente responsable de violaciones a los derechos humanos y se den recomendaciones sobre el resarcimiento hacia Marinkovic y su familia, con la advertencia del inicio de un juicio internacional contra los funcionarios y las autoridades involucradas en el montaje de los casos de “terrorismo”.
En 2009 el entonces fiscal Marcelo Sosa acusó a Marinkovic, quien era presidente del Comité Pro Santa Cruz, de haber financiado la llegada del grupo de Rózsa con 200 mil dólares. Junto al cívico y empresario fueron investigados quien fuera presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar; y el expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Pedro Yovía.
Marinkovic salió del país y vivió en Brasil y Estados Unidos hasta que el caso se cerró con la liberación de todos los detenidos y procesados en 2020.
El excívico fue nombrado ministro de Planificación durante los últimos meses del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Apenas el masismo ganó la elección se comenzó a hablar de reactivar otros procesos por “legitimación de ganancias” y ya en el poder, los sectores sociales afines al gobierno de Luis Arce pidieron la reversión de tierras de Marinkovic y su familia.
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