El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, emitió un mensaje de fin de año, en el que realiza una evaluación de la crisis económica que golpeó al país durante todo 2024, en especial al sector privado, y pidió mayor compromiso de la clase política y dirigencial para dar soluciones a Bolivia, además de sugerir que el Estado asuma medidas de austeridad para paliar esta situación.
Mensaje del presidente de la CEPB:
“El año que concluye ha sido muy complejo y desafiante para todos. Nos hemos enfrentado a una serie de dificultades que, de muchas formas, están cambiando la vida de nuestras familias, de nuestra comunidad y, en general, de nuestra nación.
Estoy convencido que, en este momento es necesario hacer un balance honesto y objetivo de nuestra situación como país, y de reflexionar sobre los caminos que debemos seguir.
Durante todo este año, la ciudadanía ha soportado el aumento creciente de los precios, mayor dificultad para conseguir trabajo y la caída de sus ingresos: signos claros de que la economía necesita urgentemente medidas correctivas.
La persistente escasez de divisas, la irregularidad en la provisión de carburantes, los bloqueos de carreteras y los efectos del cambio climático han tenido un impacto devastador en todos los sectores, dificultando las cadenas de producción y comercio, generando una creciente inseguridad económica. La crisis también ha dado lugar a conductas delictivas como la especulación, el contrabando inverso y el incremento abusivo de los precios, que han agravado la situación de las familias, especialmente las más vulnerables.
El sector empresarial y los emprendedores no solo están llevando la peor parte de la crisis, sino que cargan injustamente el mayor peso de sus efectos. Muchos empresarios, especialmente los pequeños y medianos están al borde de la quiebra. Otros se han visto obligados a reducir costos de manera extrema, e incluso, algunos han tenido que cambiar de actividad para sobrevivir. Los gastos operativos y las deudas aumentan, y la capacidad de inversión y de generación de empleo se ven limitadas.
Frente a este escenario, la institucionalidad empresarial y en especial esta Confederación, fue uno de los actores protagónicos en la búsqueda de alternativas para enfrentar los problemas de nuestra economía. Tomamos la decisión de ir más allá del reclamo y la radicalidad, y apostamos por el diálogo y la concertación con el gobierno nacional, porque entendimos que la gravedad del problema no podía enfrentarse buscando culpas y errores sino debatiendo soluciones.
Pese a que posiblemente fueron insuficientes, las medidas generadas por los Acuerdos entre la institucionalidad empresarial y el gobierno fueron positivas, por eso las ponderamos y creemos que deben sostenerse; aunque también reconocemos la necesidad y la urgencia de implementar nuevas medidas frente a la persistencia de algunos problemas y la aparición de otros igualmente complejos.
Ante todo, consideramos que es esencial para el futuro de nuestro país, mantener el diálogo, como el único camino que nos permita avanzar en la construcción de soluciones.
Es necesario que el gobierno incorpore en la gestión medidas efectivas de austeridad e implemente acciones estructurales y urgentes para enfrentar la crisis, disminuir el déficit fiscal, garantizar la inversión privada, incentivar la producción nacional y promover las exportaciones.
Consideramos que la falta de compromiso de los sectores políticos frente al tamaño de la crisis que nos aqueja, muestra su carencia de empatía e interés por resolver los problemas que más afectan a los ciudadanos y a los sectores productivos. Nos preocupa el debilitamiento de la institucionalidad y en especial del sistema de justicia, que atraviesa por una crisis profunda y pone en cuestión el cumplimiento de derechos fundamentales.
Las confrontaciones y divisiones en la Asamblea Legislativa, profundizadas en esta gestión, dañan la gobernabilidad y generan mayor desconfianza en el sistema político.
Las elecciones generales de 2025 son una oportunidad para que la ciudadanía decida si quiere mantener la política económica actual o escoge un rumbo diferente. Cualquiera que sea la elección, debemos respetarla porque esa es la base del sistema democrático.
Como institución, vamos a promover el debate y la inclusión de los temas sustantivos para el sector privado en los programas y propuestas de los candidatos. Pero también continuaremos demandando la atención prioritaria a los problemas económicos que enfrentan en este momento la población y los sectores productivos.
Hoy, a las puertas del año del bicentenario, hay más incertidumbre que certezas y más temor que confianza. En tiempos como éste, es fácil caer en el desaliento y pensar que no tenemos salida posible. Sin embargo, debemos recordar que somos un pueblo resiliente, con una fuerza que nace de nuestras diferencias, así como de nuestras coincidencias.
Somos conscientes que Bolivia está en una situación grave, pero estamos seguros que no es insalvable. El año que viene es una página en blanco y nos corresponde a todos decidir qué queremos escribir en ella.
Nuestro país va a salir adelante porque millones de bolivianos seguiremos acá, trabajando, generando economía y apostando por un futuro mejor. Y lo vamos a hacer mientras tengamos fuerzas y esperanzas.
Frente a la incertidumbre, necesitamos más que nunca invocar a la unidad de todos los bolivianos, para fortalecer la solidaridad, generar confianza mutua e inspirar el liderazgo colectivo. La unidad es lo único que nos hará privilegiar la cooperación sobre la división, el diálogo sobre el conflicto y la determinación sobre el temor.
Finalmente, junto a los miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que me acompañan, deseamos a todas las familias bolivianas que este 2025 nos dé fortaleza, esperanza y solidaridad.
Los empresarios privados seguiremos trabajando por Bolivia, aportando a su desarrollo y manteniendo abierto el diálogo para el consenso efectivo, porque creemos en nuestro país y en la fortaleza de su gente”.
