JORGE SANTISTEVAN
En toda mesa de dialogo, “las diferencias de opinión no deben impedir consensos”, en particular cuando se trata de una política de Estado como el censo. Pero sin duda, a lo largo de los últimos 18 años, bajo el mismo régimen autoritario, se intenta truncar el censo a los bolivianos con enredos y trampas, como la instalación de mesas técnicas que son absolutamente dilatorias incluyendo la de Trinidad.
Hacen casi 20 días (podrán ser más) que Santa Cruz, está encarando una situación tan dolorosa y difícil, pero que afronta con alta moral, en unidad, solidaridad y decisión plena, en un esfuerzo colectivo para superar la agresividad genocida del Gobierno que organizó cercos y columnas de marchas con grupos irregulares apoyados por policías y la inteligencia militar, van animándose en las carreteras gritando: “guerra civil”.
Cuando las autoridades de gobierno no admiten que puede haber censo el 2023, es una forma de calibrar las futuras acciones de confrontación, y en ese afán de doblegar a la sociedad de Santa Cruz, seguirán cometiendo un concurso de delitos con la organización de grupos irregulares caracterizados de interculturales, un brazo operativo represor, asignando como conductores de esta agresión genocida a ministros de Estado, en calidad de “agitadores callejeros”, quienes promueven medidas anti democráticas contra el pueblo, como el sabotaje a las plantas industriales, corte de las líneas de abastecimiento, como alimentos y carburantes, también se empeñan en limitar el servicio de sanidad entre otros actos de sabotaje, mediante el empleo de los recursos y bienes del Estado.
Ante la falta de voluntad del primer mandatario para acceder al censo, cuyos resultados destapará un escandaloso fraude y graves irregularidades en el sistema eleccionario, el Gobierno adoptaría el siguiente curso de acción: “Poner fin al conflicto mediante la Estrategia de Laxitud” desgastando y debilitando el paro, que por cansancio la población vaya abandonando poco a poco las calles, hasta dejarlas con algunos reductos insignificantes, fáciles de ser controlados por el Gobierno. En resumen, mientras siga vigente el funcionamiento de las mesas técnicas, ellos ganan tiempo para el acarreo de gente irregular, y posteriormente puedan ejecutar una maniobra por sorpresa seguido de un posible estado de excepción con los medios represivos a su alcance. (como la inteligencia militar, la policía, los grupos irregulares, fiscales, jueces, etc).
Sin embargo, frente a ese curso de acción del Gobierno, también Santa Cruz tendría la respuesta cuyo curso de acción sería: una “defensa tenaz sin idea de abandonar la lucha en las calles”, cuya toma de decisión se basa en un balance de fuerzas más sólidas, más robustas y fuertes numéricamente, en relación a las del Gobierno, sobre todo cuenta con altos valores morales, principios, conciencia, decisión y fe inquebrantable, es una sociedad que dobla rodillas ante Dios y que jamás se inclinará ante los blindados del Ejército, menos ante un hereje o caudillo. Santa Cruz es una gran realidad política, económica y cultural, que comparte con todos los ciudadanos bolivianos la esperanza de una vida mejor, incluyendo con algunos desorientados, pero que también se lucha por ellos.
Santa Cruz no dará un paso atrás, el precio podrá ser alto, pero también cuenta con un gran potencial para reponerse ante las adversidades. El presidente tiene la oportunidad de reflexionar en la soledad del mando (como dicen los militares) antes de dar una orden y que sea por el bien de todos los bolivianos, evitando un enfrentamiento cuyos resultados recaerán sobre las espaldas del primer mandatario, porque en las calles hay un momento que nadie respeta la ley.
Dios nos bendiga y que la paz, el progreso, la democracia, y la felicidad vuelvan a nuestras vidas.
JORGE SANTIESTEVAN JUSTINIANO
Coronel en Servicio Pasivo. Abogado y Docente Universitario.
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
