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El denominado caso Senkata-Sacaba será agenda en 2023 y desde ahora el Gobierno presiona para que la expresidenta constitucional Jeanine Áñez sea juzgada por la vía ordinaria; sin embargo, la Fiscalía General ya pidió la figura de juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa y retirar la denuncia implicaría otras figuras enmarañadas, según la defensa.
“Ya hay proposiciones acusatorias en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ojo, estas han sido emitidas por la Fiscalía General del Estado. ¿Qué harán? ¿Retirarán las proposiciones? No pueden. Ahí el descuido cuando se hacen las cosas arbitrariamente”, declaró el abogado Luis Guillén a la ANF.
El abogado explicó que esta situación se produce porque la justicia ordinaria y constitucional en el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) establecieron que corresponde un juicio por la vía ordinaria, sin embargo, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, en agosto de 2021, la proposición acusatoria contra la exmandataria para juicio de responsabilidiades por los supuestos de genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte.
En tanto, desde el Gobierno se plantea pedir la ampliación de la denuncia a la Fiscalía para activar un proceso ordinario.
“Hemos anunciado que el pasado viernes se ha presentado una solicitud de ampliación de la denuncia a la Fiscalía General del Estado por las masacres. Dicha solicitud está radicada en La Paz y Cochabamba”, declaró el viceministro de Justicia, César Siles.
“De la denuncia ordinaria del caso Senkata, ha decidido la justicia que corresponde a la justicia ordinaria y no a la de responsabilidades la tramitación de esa causa”, agregó.
La expresidenta Jeanine Áñez, durante la última audiencia que ratificó que el proceso por la designación mediante una resolución ejecutiva de una directora en la EBA, debe ser tratado por la vía ordinaria, dijo que “les guste o no, fui presidenta de Bolivia”.
La defensa asegura que se agotarán todas las instancias internas para acudir a estrados internacionales donde el Estado ya tiene antecedentes por manipular el aparato de justicia y vulnerar los derechos procesales y derechos humanos de los eventuales opositores al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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