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Doce testigos propuestos por el Ministerio de Gobierno comparecieron el lunes, 25 de abril, ante el tribunal que lleva adelante el denominado caso “golpe II”. Ex funcionarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional y personal policial encargado del resguardo del poder legislativo testificaron en la maratónica sesión, que duró más de nueve horas.
El abogado defensor Luis Guillén interpeló a dichos testigos sobre los sucesos que desembocaron en la asunción de mando de Jeanine Áñez. En conversación con EL DEBER, el letrado detalló que todos los testigos afirmaron “no recibir ninguna orden de la exmandataria”. Es más, los uniformados destinados al resguardo de la Asamblea reiteraron que su actuar se deriva de las órdenes de sus superiores.
El caso en cuestión juzga a Áñez por resoluciones contrarias a la Constitución a consecuencia de una presunta interpretación indebida del reglamento de la Cámara de Senadores.
Guillén cuestiona la forma de actuar del tribunal durante la audiencia. “No les interesa los testimonios ni las pruebas de descargo. (…) El tribunal limita los interrogatorios, anula testigos para cumplir etapas y llegar a una decisión que ya está dictada”, dijo el abogado.
Los doce testigos que acudieron a declarar la jornada del lunes se ordenan en tres grupos. El primero está conformado por exfuncionarios administrativos que trabajaban en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Guillén vincula a los testigos con el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Son exdependientes del ministro cuando fungía como Oficial Mayor de la Asamblea”, agrega.
En su declaración, explicaron las dificultades que tuvieron para llegar a la Asamblea ante los disturbios que se suscitaban en las calles de La Paz. La defensa de Áñez resta importancia al testimonio que puedan aportar estos testigos “porque declararon sobre el reglamentos de la Cámara de Senadores cuando se trataban de funcionarios administrativos”.
Según Guillén, uno de los testigos reconoció la existencia de numerosas cartas de renuncia en la correspondencia recibida. Entre ellas, se encontrarían las cartas de Evo Morales y Álvaro García Linera, además de cargos electos de la cámara.
Tanto el personal policial de resguardo como los pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana destinados a la unidad presidencial participaron en la audiencia. En ambos casos, confirmaron que su proceder en los días comprendidos entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 respondía a las órdenes recibidas por sus superiores “de acuerdo al conducto regular”, matiza Guillén.
La defensa de Áñez lamenta la facilidad mostrada por los jueces para suprimir la presencia de testigos. “El Ministerio Público se ha quedado sin testigos”, asegura el abogado. “Esta situación afecta de forma trascendente al caso. La Fiscalía debe justificar el caso y no aporta prueba testifical que sostenga el mismo”, enfatiza.
Esta situación “busca cumplir de la forma más rápida posible las etapas del juicio”, agrega.
Incidencia
Tras varias horas de audiencia, el juez cuestionó la presencia en la sala virtual de la directora del Penal de Miraflores, Estefanía Cervantes. Según manifestó el mismo letrado, la directora no debería presenciar las declaraciones debido a que ella misma se encuentra en calidad de testigo en el mismo caso.
La directora del penal se encontraba junto a la exmandataria Jeanine Áñez observando el desarrollo de la audiencia. Ante esta irregularidad, Cervantes debió abandonar la sala donde se encontraba y disponer un subalterno que acompañara a la expresidenta.
La hija de la exmandataria, Carolina Ribera, aseguró a EL DEBER que su madre se alojó el 11 de noviembre de 2019 en casa de Estefanía Cervantes. “Mi madre no podía ir a su departamento por seguridad, y la policía la llevó a una casa en Bajo Llojeta”. El domicilio sería el de Estefanía Cervantes, con quien, asegura Ribera, compartieron la noche.
“Ahora, desde finales de enero, Cervantes es la directora del penal donde está mi madre para hacernos la vida imposible”, denuncia Carolina Ribera.
//FUENTE: EL DEBER//
