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Desde 2009 con la CEP y la Ley 065 que creó la Gestora de Seguridad Social, las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) no pudieron dejar el país, porque el llamado proceso de “nacionalización” no fue cumplido por el Gobierno de Evo Morales, que mediante el entonces ministro de Economía, Luis Arce, hoy presidente coyuntural, no aceptó pagar 15 millones de dólares para la salida de BBVA.
El politólogo Carlos Bohrt, explicó los detalles del laudo arbitral del CIADI que dio la razón a BBVA para que el Estado boliviano page como indemnización 104 millones de dólares, además de rechazar las obligaciones que trató de imponer el régimen del MAS, para que esa AFP cobre y salde las cuentas pendientes de los aportantes nacionales, que debió ser un riesgo y labor asumida por la propia “nacionalización”.
El tribunal, finalmente, calificó las acciones del Gobierno boliviano de turno como una “conducta ilícita internacional”.
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