Bolivia negó este viernes mantener relaciones diplomáticas con los «Estados Unidos de Kailasa», un país ficticio presidido por el gurú Nithyananda, acusado por violación en su natal India, y que habría conseguido hace unos meses firmar acuerdos con algunos pueblos indígenas bolivianos para una supuesta concesión de tierras a perpetuidad a cambio de cooperación.
El ministerio de Exteriores boliviano emitió un comunicado en el que señala que Bolivia «no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación» denominada «Estados Unidos de Kailasa» ya que «no se encuentran reconocidos como Estado por ningún otro actor de la Comunidad Internacional».
El asunto cobró relevancia en los últimos días a raíz de una publicación del diario boliviano El Deber que alertó sobre la presencia desde hace algunos meses de los representantes de Kailasa en Bolivia, quienes firmaron acuerdos de «cooperación bilateral» con poblaciones indígenas.
El reporte indicó que esos acuerdos se realizaron con el pueblo baure y cayubaba, en el departamento de Beni, y los indígenas esse ejja, en Pando, ambas regiones de la Amazonía boliviana, además de que intentaron acercarse a los indígenas del altiplano occidental mediante la Coordinadora Andina y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
Dichos acuerdos establecen «arrendamientos» de territorios hasta por 1.000 años que pueden renovarse «automáticamente y perpetuamente» a cambio de pagos anuales, según dicta la publicación.
«El famoso Estado de Kailasa también se contactó conmigo para que le demos en usufructo nuestra área protegida municipal», confirmó a EL DEBER Jorge Vargas, alcalde de San Rafael de Velasco; la autoridad que se hizo viral el año pasado, al explotar en llanto por la impotencia de ver ardiendo su municipio,
Según Vargas, fue contactado por una mujer «muy insistente» y aparentemente de bastante solvencia económica. Explicó que la intención era firmar convenios de «protección» al medio ambiente e ingresar el dinero por «compensación», de forma directa al municipio, saltando a la Cancillería.
El edil admitió que pensó en un «tumbe», que lo empujó a indagar en Google. «Me cercioré que era una nación fantasma y que habían tenido problemas en otros países, no me reuní con ellos», aclaró.
La autoridad chiquitana especificó que la intención de las personas era entrar en el Área Protegida Municipal San Rafael, con una superficie de casi 70 mil hectáreas, creada en el año 2006.
Cree que la propuesta apuntaba a los bonos de carbono, y también confirmó que los acercamientos con su oficina empezaron en la misma época cuando salió una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la 0040/2024, que legaliza el negocio de los bonos de carbono en Bolivia, contrariamente a lo dispuesto en la Ley 300 de la Madre Tierra.
En esa misma época, en respuesta a la sentencia del TCP, desde la Vicepresidencia del Estado, el Gobierno alistaba la aprobación de un decreto supremo para concentrar todos los recursos que se generen por los créditos de carbono, ya que el fallo abría la puerta a que los privados sean parte de esta comercialización.
Con el fallo del TCP, el negocio de los bonos de carbono encontró vía libre en Bolivia, generando recursos para los dueños de reservas naturales, como pueblos indígenas y regiones, además de los desarrolladores de proyectos de conservación, pero con el decreto se concentrarían los ingresos de los proyectos de conservación en el nivel central del Estado.
- ///FUENTE: EL DEBER///
