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El nuevo defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, declaró que impulsará desde su gestión acciones para pasar de la “Interrupción Legal del Embarazo” (ILE) a la “Interrupción Voluntaria del Embarazo” (IVE), que implicaría la legalización del aborto en Bolivia.
“Sí, como parte del ejercicio de los derechos reproductivos”, respondió Callisaya a la pregunta “¿despenalización del aborto, sí o no?” que le hizo la feminista María Galindo el lunes en su espacio radial, además de manifestar que el sector médico en la actualidad aplica de forma inadecuada la denominada objeción profesional de conciencia para practicar legrados en centros médicos.
“Primero hay que fortalecer el tema del ILE (le corta la palabra), hay que fortalecer la aplicación de la Sentencia Constitucional (le corta la palabra), tenemos que capacitar a las personas porque hay un uso inadecuado del ejercicio de la objeción de conciencia, es un tema que hay que ir difundiendo al interior de (le corta la palabra)”, dijo Callisaya.
La referencia del defensor apuntó a la Sentencia Constitucional 206/2014 que elimina las barreras para aplicar la figura de “Aborto impune” descritas en el artículo 266 del Código Penal en casos de “violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto”. La norma, además, protege a las víctimas menores de edad, que están bajo responsabilidad de sus padres o tutores, para que su decisión sea llevada a cabo de forma legal y segura.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó un exhorto para que sea la Asamblea Legislativa la instancia que “desarrolle normas y políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, acción que no fue cumplida hasta la fecha; por tanto, deja sin respaldo reglamentario a la referida sentencia.
Asimismo, la propia SC 206/2014 ratifica la protección al feto en desarrollo, no así al embrión, aunque esa figura también se estrella contra la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la garantía del derecho a la vida, y el Código Niño Niña Adolescente que califica como sujetos de derecho a todos los seres humanos “desde la concepción a los 12 años”, en el caso de la niñez.
Callisaya prosiguió y se mostró favorable a la figura de la “Interrupción Voluntaria del Embarazo” que, según expuso, se tratará el próximo año.
“Hay que acentuar inicialmente el tema del ILE para avanzar al IVE; por ejemplo, estamos haciendo para la gestión 2023 una investigación al respecto”, concluyó.
EL CASO DE LA NIÑA DE YAPACANÍ
Galindo, a su vez, tomó protagonismo en su espacio radial para criticar la gestión de la exdefensora interina Nadia Cruz por haber “manejado mediáticamente a las víctimas” cada vez que se presentaba un caso de embarazos en menores de edad.
La queja de la caudillo feminista se refiere a casos como el registrado a mediados de 2021 con el embarazo de una niña de 11 años que quedó encinta luego de sufrir una violación por parte del padre de su padrastro en el municipio de Yapacaní, del departamento de Santa Cruz.
Cruz tomó ese caso como bandera para impulsar la figura ILE y usó como motivación en medios y redes, junto con otros grupos abortistas, la etiqueta “Niñas No Madres”.
La niña había decidido continuar con su embarazo, porque este ya se encontraba muy avanzado, luego de que su familia fuera visitada por representantes de la Iglesia Católica, quienes incluso comprometieron atención para el bebé y asistencia social para la niña y para su madre.
La Defensoría del Pueblo amenazó al equipo médico del Hospital Materno Percy Boland e incomunicó a la menor de su familia por varios días. Después de semanas de tensión, marchas de grupos abortistas y pro vida y con el embarazo entrando a la semana 23 o sexto mes, la niña de Yapacaní fue derivada a una casa de acogida del Arzobispado de Santa Cruz.
Sin embargo, Cruz logró avanzar un amparo constitucional y con ello la niña fue trasladada al hospital Francés para practicarle un parto inmaduro. El bebé nació vivo, pesando 500 gramos, pero falleció a las tres horas de la cirugía.
“Lo único que puedo decirles es que se generó una protección respecto a los derechos de la niña”, dijo la entonces defensora interina tras producirse el deceso del bebé.
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