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Indígenas y activistas de Ecuador y Bolivia compartieron experiencias sobre la defensa de las áreas protegidas, contra el daño provocado por la explotación minera y petrolera en territorios simbólicos como el Parque Madidi, Tariquía y Yasuní. Denuncian la doble moral de los gobiernos de corte socialista en estos países, que aprueban leyes para supuestamente proteger reservas de la biósfera, pero manipulan el sistema para legalizar actividades extractivistas.
“Los pueblos de nuestra América morena están sufriendo la arremetida de los poderes aliados, de empresas y gobiernos, ávidos de extraer y apropiarse de nuestros bienes naturales para sacar el mayor rédito para ellos, dejándonos a nosotros el despojo, la desagregación social y la contaminación. Repiten así, otra vez, la fatalidad de ciclos de altos precios de materias primas, en los que las penas se quedan con nosotros y las riquezas se llevan otros, aumentando así la desigualdad social y la irracionalidad de un ‘desarrollo’ que destruye la naturaleza y los territorios, que son la base donde se construye la vida de los pueblos”, señala parte de la “Declaración: La Solidaridad No Tiene Fronteras”.
El documento fue emitido el 29 de septiembre en La Paz, a la conclusión del evento, “Solidaridades sin fronteras. Aunando las luchas en defensa de territorios indígenas y áreas protegidas Yasuní (Ecuador), Tariquía y Madidi (Bolivia)”.
Dicho pronunciamiento continúa: “Tanto Ecuador como Bolivia reconocen en su normativa los derechos de la Madre Tierra y existe también una abundante legislación internacional que protege el medio ambiente y los derechos de pueblos indígenas y campesinos. Pero estas normas muchas veces quedan solo en teoría. En la práctica, prevalecen los intereses económicos y políticos de sectores que controlan los poderes en nuestros países. Pero este saqueo no nos ha dejado pasivos ni sumisos. En todos los territorios y comunidades de América Latina, en los valles y montañas, en los páramos y la selva, nos levantamos y resistimos contra la arremetida de empresas petroleras y mineras, saqueadores de riquezas, mercaderes de tierras, gobiernos corruptos serviles a los grandes capitalistas. A la voracidad de sus proyectos, les hemos opuesto la dignidad de nuestras luchas por derechos”, sostiene.
El evento fue organizado por la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap); la Subcentral Tariquía, representada por Francisco Romero; la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, cuyo vocero fue el secretario de actas, Domingo Ocampo; la organización Yasunidos de Ecuador, cuya representante fue Alexandra Almeida y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedip).
“En la ciudad de La Paz, fundada en la dignidad de los ancestros que dijeron ser la ‘tumba de tiranos’, nosotros defensores del Yasuní, defensores de Tariquía, del Madidi y de todo territorio y espacio de vida donde siempre estará vivo el amor por la Madre Tierra, hacemos pública nuestra voluntad de aunar nuestras luchas, hacer visible nuestra alianza y la fuerza de nuestra articulación”, concluye la declaración.
Acciones de defensa
La activista ecuatoriana Almeida, del grupo Acción Ecológica, compartió con los medios de comunicación de Tarija y La Paz, sobre la experiencia recogida a lo largo de más de 10 años de lucha por la preservación del Parque Nacional Yasuní. Por medio de un referendo, pueblos indígenas lograron que sean los ciudadanos y no el Gobierno, quienes decidieran qué se debe hacer con el petróleo hallado en esa reserva natural.
Almeida denunció, que al igual que en Bolivia con las autorizaciones de explotación de petróleo y oro, en su país el Gobierno del expresidente Rafael Correa manipuló la Constitución Política y, de forma ilegal, se modificaron los mapas que señalaban los límites de las áreas protegidas, con el fin de evadir las prohibiciones normadas que frenaban las operaciones de prospección y explotación de las reservas de crudo.
Esto pasó a partir de 2013, luego de una política fallida de Correa, que solicitó a la comunidad internacional 3.600 millones de dólares en compensación, para mitigar el daño ambiental que Ecuador sufriría si depredaba esa reserva ambiental.
Referendo
El Yasuní es un bosque tropical amazónico, con una extensión de dos millones de hectáreas y fue declarado “Reserva de la biósfera” por la Unesco en 1989. Es el lugar más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado. Alberga a más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 mamíferos, 610 especies de aves, más de 250 especies de peces y es el refugio de diferentes animales en peligro de extinción.
Ante la inminente destrucción del habitad de pueblos indígenas, animales, flora y fauna, surgió el movimiento Yasiunidos, que logró que el Órgano Judicial de ese país autorice la realización de un referendo, realizado en agosto de este año, en el que la población, por casi un 60% de los votos, decida que “por tiempo indefinido” el petróleo del Yasuní se quede bajo tierra y no se afecte al bosque tropical.
Esa lucha, que tuvo varios capítulos con protestas, reveses legales e incertidumbre social, fue compartida por Domingo Ocampo y Francisco Romero, representantes de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Madidi y de la subcentral de Tariquía, respectivamente. Ambos dirigentes denunciaron un modus operandi similar, que fue aplicado durante el Gobierno de Evo Morales y continua en el actual, del presidente Luis Arce.
Ambos remarcaron no solo la manipulación de mapas, sino el daño irreparable que se comete con la contaminación de ríos en esas áreas protegidas. “Aquí hay una triple alianza que consiste en la unidad de pensamiento, acción e inversión de empresarios, Gobierno y políticos, ellos están unidos” contra los pueblos indígenas, afirmó Ocampo.
En esa línea, desde el Cedib se promueven estas actividades con el fin de fortalecer la lucha por la preservación del medio ambiente a nivel regional. “En Bolivia, en un contexto de control estatal de las principales organizaciones indígenas y campesinas, diversas resistencias al extractivismo han persistido y se han articulado de manera autónoma, planteando con voz propia, una interpelación a la destrucción de las áreas naturales protegidas y de los territorios indígenas. En este movimiento, destacan comunidades, pueblos indígenas, organizaciones campesinas, activistas y, de manera general, defensores y defensoras ambientales y de los territorios, quienes reiteradamente han interpelado las políticas oficiales de expansión del extractivismo que están destruyendo territorios indígenas y áreas protegidas como Tariquía, Madidi y TIPNIS, entre otros”, señala una nota de prensa.
Concluyen que estas luchas locales, emprendidas en diferentes países, necesitan articularse entre sí, con el fin de retroalimentarse, fortalecerse, aunar sus energías y construir estrategias conjuntas.
