–
Redacción VISOR21
Como es costumbre, el país vuelve a una etapa de convulsión desde este lunes 17 de junio, cuando se inicie el bloqueo de caminos pro parte del transporte pesado y el sector gremial, además del paro de los médicos y algunos sectores activistas que comienzan a convocar a movilizaciones desde Santa Cruz.
El transporte pesado exige que se garantice la provisión de combustibles, además de la regularización en la venta de dólares, cada vez más escasos en Bolivia y que perjudican al sector que debe importar piezas y repuestos para sus motorizados. También se pide el cambio de autoridades en los servicios de Impuestos y Aduana, pues advierten que existe mucho abuso contra su sector.
Si bien el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, convocó a reunión este viernes, en un último intento para frenar a los transportistas, el sector exige un encuentro directo con el mandatario Luis Arce.
“Yo creo que no es tan difícil que un mandatario, que supuestamente está para gobernar a todos, se dé unos minutos y escuche a un sector, ¿tan imposible es eso?”, declaró el dirigente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), Marcelo Cruz, a radio Panamericana.
La Policía Nacional ya se encuentra en estado de alerta y se prevé intervención en algunos puntos de bloqueo en el eje central del país.
“Llamamos a la reflexión a las personas intransigentes que están pretendiendo asumir estas medidas, que puedan deponer esta actitud y acudir, que es lo más aconsejable, el diálogo”, pidió el comandante de la Policía, general Álvaro Álvarez.
A su vez, los gremiales también exigen que se deje de restringir el dólar, pues esto está llevando a un encarecimiento de productos básicos y la consecuente alza de precios, en un efecto que podría destruir la economía nacional.
Otro sector que paralizará actividades es salud, tras la ruptura del diálogo esta jornada con la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados, donde se debate la figura de jubilación forzada.
“No hemos llegado a ningún término, al contrario, hemos recibido una respuesta que las consultas que hizo el diputado Omar Yujra con los otros sectores involucrados en la jubilación que no se escuche al sector interinstitucional que estamos representando”, explicó a Unitel el vicepresidente del Colegio Médico De Bolivia, Romel Pereira.
Los médicos, con sus organizaciones y la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas (Fesirmes), irán al paro de 96 horas desde este lunes y también exigen la renuncia del gerente de la Caja Nacional de Bolivia (CNS).
Los jubilados del país también analizan retomar sus marchas de protesta que en la semana fueron esporádicas. El motivo: el uso que hizo la Gestora Pública de los recursos de los aportantes por casi 200 millones de dólares para comprar bonos del Banco Central de Bolivia (BCB), solo para ayudar a ese ente a cumplir su “meta” anual de movimientos en la bolsa.
Finalmente, desde Santa Cruz la regional departamental del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), determinó ayer, sumarse al paro del transporte y gremiales desde el lunes, si el mandatario no da solución a las demandas de ambos sectores.
“De negarse el señor presidente Arce Catacora a instalar un diálogo con su participación, lo responsabilizamos del daño económico que va ocasionar esta dura medida, la crisis se va a agudizar y estará mostrando su incapacidad de gobernar”, señaló en conferencia de prensa el vocero Roger Castellón.
En La Paz, ninguna de las dos facciones del Conade se manifestó sobre la determinación de Santa Cruz, pero de forma interna se conoce que ir al paro o sacar las “pititas” en este contexto no tiene apoyo en la sede de gobierno.
El Gobierno, con sus asesores adoctrinados en el marxismo clásico ya comenzó a hablar de un “golpe blando”, que pretende no solo desestabilizar la gestión del exministro de Evo Morales sino de acortar su mandato, esto con apoyo incluso de la Embajada de Estados Unidos, como se atrevió a lanzar el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
En respuesta, el despacho diplomático norteamericano asentado en La Paz, emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones falsas del Ejecutivo.
El politólogo Marcelo Silva ve que el gobierno de Arce da muestras de incertidumbre y considera que de llegar a una escalada de conflictos tendrá repercusiones en el propio gabinete.
“Creo que una de las consecuencias, y estoy seguro que esto va a venir más temprano que tarde, va a ser la remoción de muchos ministros y muchos colaboradores que tiene el presidente”, dijo en Unitel.
