El canal estatal Bolivia TV ha firmado ocho contratos con el Ministerio de la Presidencia entre el 2 de febrero y el 4 de octubre de este año, por un monto total de Bs 40,5 millones. Los convenios, revisados por la Agencia de Noticias Fides (ANF) y registrados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), no especifican la cantidad de pases publicitarios ni el tiempo total de las transmisiones de los actos del presidente Luis Arce, generando cuestionamientos sobre su transparencia.
A estos ingresos se añaden los Bs 78,3 millones asignados en el Presupuesto General del Estado (PGE) para el funcionamiento de Bolivia TV en 2024, consolidando su financiación como empresa estatal.
El primer contrato, firmado el 2 de febrero por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el gerente de Bolivia TV, Julio Valdivia Rodríguez, estipuló Bs 5 millones para la transmisión televisiva de eventos gubernamentales, con vigencia hasta el 31 de mayo o hasta agotar el presupuesto. Sin embargo, el documento no detalla la cantidad de horas de transmisión.
Por ejemplo, los costos referenciales muestran que un acto en vivo en ciudades como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz cuesta Bs 50.581, mientras que en provincias de Tarija, Beni y Pando, el precio asciende a Bs 70.865 en vivo y Bs 61.767 en diferido. En transmisiones internacionales, las tarifas llegan a Bs 261.093, siendo Europa la región más costosa.
El segundo contrato, suscrito el 8 de febrero, asignó Bs 7 millones para la difusión en medios televisivos, con un costo de Bs 52 por segundo de spot publicitario y Bs 260 por menciones o banners.
El contrato más reciente, firmado el 2 de octubre, destinó Bs 12 millones, el monto más alto entre los acuerdos, para la difusión de contenido en Bolivia TV hasta el 5 de diciembre. Apenas dos días después, se concretó el octavo convenio, por Bs 5 millones y con la misma fecha de vencimiento.
Aunque los contratos especifican montos y tarifas, no se detalla la cantidad exacta de servicios contratados, lo que ha generado críticas sobre la administración de los recursos públicos. Además, estos ingresos extraordinarios se suman al presupuesto estatal, evidenciando una fuerte dependencia económica de la televisora hacia el gobierno.
La magnitud de estos contratos plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos para los medios de comunicación y la transparencia en el uso de fondos públicos, temas que continúan siendo motivo de debate en la opinión pública.
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