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El Estado boliviano fue notificado por La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, con un fallo en favor de la empresa suiza Glencore Finance, a la cual Bolivia deberá pagar $us 253,5 millones por la nacionalización del complejo metalúrgico Vinto y la mina Colquiri.
Sería la decimotercera demanda perdida por Bolivia en La Haya, con un costo cercano a los $us 1.000 millones, según un informe de la Procuraduría General del Estado, a solicitud de la bancada opositora Comunidad Ciudadana.
Sin embargo, los daños de la nacionalización de las empresas capitalizadas van más allá de meros números contables, según los economistas Jaime Dunn y Gonzalo Chávez, quienes coinciden en que se continúa ahuyentando la inversión extranjera directa, con un efecto inmediato en las empresas bolivianas.
De acuerdo con datos que maneja Dunn, Bolivia ha sido el único país latinoamericano, en 2022, que ha tenido inversión extranjera negativa. “Han salido del país más de 980 millones de dólares, de los cuales 650 era del sector de hidrocarburos, por eso no hay gas. Tenemos este daño económico de 1.000 millones de dólares, pero se hace mucho más cuando se ahuyenta la inversión extranjera, es un daño irreparable que se le ha hecho al país”, expresó.
Al mismo tiempo, advirtió que hasta fin de año “se vienen un par de casos más”, como los de las ex administradoras de fondos de pensiones (AFP), que pasaron a manos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. “Además, un fallo se alimenta del otro y, como ya hay un antecedente jurídico, eso va a animar a otros”, expresó.
Para Chávez, “se sigue perdiendo como en la guerra” por obedecer a una agenda política precipitada, lo que también está ocasionando daños irreparables a las empresas bolivianas. “Las empresas nacionales quedan duramente afectadas porque debería haber complementariedad con la inversión extranjera directa”, dijo, en relación al movimiento económico que se genera con recursos extranjeros y la contratación de servicios.
Chávez consideró que el Gobierno incluso está desplazando a las empresas bolivianas ante el anuncio de creación de 130 empresas públicas en diferentes sectores como el alimenticio y hasta el tecnológico, con una inversión de $us 3.600 millones.
“Están utilizando plata que no tienen en empresas públicas, muchas de ellas deficitarias, rumbo a las elecciones del 2024. Y lo que ocurre con el sector privado es que queda arrinconado, sin ninguna condición, cuando hay 130 empresas a las cuales, el Estado les regala plata para que inviertan”, subrayó.
Alguien tiene que pagar
El procurador del Estado, César Siles, anunció que el Estado aún analiza el contenido del fallo en favor de Glencore, para explorar las próximas acciones en defensa de los intereses de los bolivianos. “Vamos a analizar la posibilidad de solicitar la anulación de este laudo y la suspensión de su ejecución”, explicó.
El abogado constitucionalista Ciro Áñez, apuntó que, si el Estado boliviano no cumple el Laudo, incurre en responsabilidad internacional. “Dicho laudo puede ser ejecutado donde el Estado deudor tenga bienes en cualquier país, como ser cuentas bancarias internacionales”, explicó.
“Con todo ello -añadió-, queda claro que debido a que el Estado ha sido mal administrado conllevan a laudos como estos, y es el Estado, con el dinero de los contribuyentes bolivianos, quien pagará por los errores que han cometido los administradores del Estado”, indicó.
De acuerdo con Áñez, en el supuesto de que llegara a consolidarse el pago correspondiente, se debería estudiar la posibilidad de una acción de repetición contra aquellos que causen daños económicos al Estado, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Política del Estado.
