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ANGÉLICA SILES PARRADO
La crisis política en Bolivia de 2019 culminó con la protesta y la insurgencia ciudadana contra el gobierno de Evo Morales acusado del Megafraude electoral en las elecciones, al verse descubierto escapa hacia México, dejando un vacío de poder.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe manifiesta que La Policía y las Fuerzas Armadas, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado promovieron y protagonizaron actos de violencia, ataques a personas y bienes públicos y privados, dejando desprotegidos a las y los ciudadanos, grupos destruyeron bienes públicos y privados, además informaron que el gobierno solo cumplió 4 de las 36 recomendaciones: 1) La creación del mecanismo internacional de la mesa de seguimiento; 2) El plan de reparaciones; 3)Un foro sobre racismo y perspectiva de género; y 4)Avance para dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía sobre violaciones graves a los derechos humanos, que en 4 años hubo un “escaso avance”
Entre los procesos judiciales que emanaron de los hechos de 2019, existen detenidos por que intentaron hacer volar la planta de Senkata y en Sacaba y otros referidos a la muerte de manifestantes, sin embargo, existen otros procesos cuyo avance fue cuestionado por las víctimas, como las muertes en Montero, la quema de buses Pumakatari y las viviendas del exdefensor Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema.
Lamentablemente no informaron que Evo Morales instruyó que bloquen los caminos ordenando que no ingresen alimentos a las ciudades, pero también no INGRESO Tubos de Oxígeno para las personas que se encontraban en terapia intensiva y por ello murieron más de 30 personas y los culpables en la IMPUNIDAD porque la administración de justicia y las fuerzas de seguridad, directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio.
Cuando la violación de derechos que no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades existe IMPUNIDAD y por ello, la impunidad niega y se contrapone a la verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad y su salud, la reiteración de los crímenes afecta la legitimidad del Estado de derecho. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones.
El 2017, el implacable juez Sergio Moro condenó al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 9 años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de la constructora OAS, Moro llegará a Bolivia el próximo año con una comisión de senadores brasileños para verificar los “indicios de que el país tiene presos políticos”, hecho que provocaría la suspensión de Bolivia como Estado parte del Mercosur, tal como le ocurrió a Venezuela el 2017. Mencionó que tiene información que hay presos políticos en Bolivia, como la Expresidenta Jeanine Añez que asumió cuando Morales huyo de Bolivia y nadie quería asumir, Añez es reconocida como presa política por el Parlamento Europeo, por el Departamento de Estado Norteamericano y por el grupo Libertad y Democracia, la Comisión del Senado de Brasil el 23 de noviembre aprobó el proyecto de ley para que Bolivia pueda ser miembro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) sin embargo crearan una comisión de senadores para que verifique “in situ” la situación de los presos políticos como Añez, Camacho, Apaza y otros 200
Los países firmantes se comprometen a defender y preservar la DEMOCRACIA como un valor fundamental en el MERCOSUR, en el que se establece la posibilidad de realizar consultas entre los Estados miembros y tomar acciones conjuntas, si se identifican situaciones que amenacen la democracia en uno de los países del Mercosur, suspender temporalmente los derechos de ese país dentro del MERCOSUR
Para no quedar fuera de MERCOSUR, Bolivia debe permitir que los presos políticos se defiendan en Libertad y garantizar el Debido Proceso como manda la Norma Suprema.
