El Oficial Asesor de la Alcaldía de La Paz, Oscar Navarro, descalificó el informe elaborado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) sobre el desastre de mazamorra ocurrido en Bajo Llojeta el año pasado.
Este informe, fue cuestionado por Navarro durante una conferencia de prensa, donde argumentó que la SIB no cuenta con la competencia técnica necesaria para llevar a cabo este tipo de estudios.
Navarro señaló que la construcción de las plataformas en el relleno de Bajo Llojeta fue autorizada por el municipio de Achocalla, y que existen documentos que respaldan esta afirmación. “Una vez que revisemos los informes, tendremos que asumir alguna actuación”, añadió el funcionario, sugiriendo que la alcaldía está abierta a tomar medidas en caso de ser necesario.
Además, Navarro informó que se envió una nota a la SIB, filial La Paz para solicitar aclaraciones sobre las normas bajo las cuales se pueden constituir comités técnicos de evaluación. Según el funcionario, la ley que respalda a la Cámara de Ingenieros de Bolivia (CIP) establece que solo esta última puede representar a sus miembros en cuestiones de este tipo.
“Consideramos que la SIB no es una entidad técnica calificada para realizar estudios de esta índole. Por lo tanto, la calidad y veracidad de los resultados pueden ser cuestionadas”, concluyó Navarro, enfatizando la necesidad de que cualquier evaluación técnica sea realizada por entidades competentes.
El director de Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Gonzalo Barrientos, se pronunció enérgicamente este viernes sobre el informe presentado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el cual cuestiona la responsabilidad de la empresa Kantutani en el desastre que dejó a varias familias afectadas.
Barrientos afirmó categóricamente que la empresa Kantutani es la única responsable de la mazamorra que causó el desastre, argumentando que la compañía realizó movimientos de tierra sin la debida autorización. “Obstaculizaron el curso natural de un río y rellenaron con escombros en un lugar de alto riesgo para ampliar su negocio”, destacó.
El director municipal también hizo hincapié en que, a pesar de que Kantutani tiene sus registros en la alcaldía de Achocalla, la responsabilidad por la tragedia recae en ellos. “Ya en la fiscalía están las declaraciones de la propia empresa, donde aseguran que contaban con autorización para llevar a cabo estas obras”, explicó Barrientos, instando a la SIB a reconocer que no tienen competencia legal en este asunto.
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