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La radio de Yungas FM Bolivia ha anunciado el cierre de emisiones, luego de la multa de 8.750 UFV, equivalentes a Bs 21.698, que le impuso la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con el argumento de que la emisora excedió su rango de cobertura por 69 metros.
La radio de Chulumani, dirigida por Galo Hubner, opera hace varios años en la región y cuenta con el permiso de frecuencia de transmisión de ocho kilómetros. Sin embargo, la ATT dependiente del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, aduce que la señal de la emisora se extendió unos metros más allá.
En ese sentido, llama la atención el proceder de la ATT, cuando existen otras radios piratas en Yungas contra las cuales no se aplica la misma rigurosidad, señaló Hubner a la agencia ANF.
“A estas alturas puedo decir que si, que es un amedrentamiento por parte del Gobierno. Están actuando con saña porque hay otras radios piratas en la región que funcionan con normalidad y la ATT no hace nada. Lamentablemente existe una persecución en contra de nosotros”, declaró.
Según recuerda el diario El Deber, en agosto de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció la revocatoria de la licencia a FM Bolivia como una forma autoritaria y una vendetta política, por la línea editorial del medio de comunicación independiente. Alertó que había una represalia por su labor informativa durante los conflictos de los cocaleros con el Gobierno, no sólo en la gestión de Luis Arce, sino en la de Evo Morales.
Esta medida se revocó, pero el comunicado señala que el acoso no cesó y la ATT desplegó visitas constantes, objetó la legalidad de la licencia de funcionamiento, rechazó sus boletas de garantía y congeló sus cuentas bancarias, entre otras medidas.
En el documento las instituciones manifiestan su preocupación por el anuncio del cierre de la emisora y demandan a las autoridades de la ATT levantar las multas y cesar la presión sobre ese medio de comunicación a fin de garantizar la continuidad de sus emisiones.
Ratifican que cualquier tipo de restricciones indebidas, arbitrarias o desproporcionadas que atentan contra el normal desarrollo de los medios de comunicación y del trabajo periodístico son contrarias a los estándares internacionales que garantizan la libertad de expresión y de prensa.
//V21/ EL DEBER//
