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La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) responsabilizó a la dirección ejecutiva del Movimiento Al Socialismo (MAS), al mando de Evo Morales, por las violentas agresiones que sufrieron equipos de prensa de la Red Uno y Unitel al término del congreso del partido azul en la localidad de Lauca Ñ, Cochabamba.
Asimismo, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, demandó al Estado garantizar el derecho a la libertad de expresión y el orden público.
“Responsabilizamos de los ataques a la dirección política del MAS que dirige Evo Morales y exigimos al gobierno investigar y sancionar estos hechos que constituyen una flagrante vulneración de la libertad de prensa”, se lee en el comunicado conjunto de la ANPB y la Asociación de Periodistas de La Paz.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, en contacto con EL DEBER alertó que las agresiones contra la prensa de los grupos evistas no fue casual y es parte de una línea discursiva que data desde los primeros años que Morales comenzó a gobernar el país.
“Siguiendo de cerca la transmisión de la Red Uno era claro que el ataque no era casual, incluso tenía consignas. No faltó alguien que gritó y caracterizó a los periodistas como sus ‘enemigos’. Entonces ese tipo de consignas tiene una larga data de estigmatización y de desprestigio a la labor periodística”, manifestó Alanes.
La periodista Ariana Antezana y el camarógrafo Abraham Pareja, ambos de la Red Uno, fueron agredidos e insultados por un grupo de autodenominados “guardias sindicales” de la facción evista del MAS que en su intento de impedir una transmisión televisiva en directo jalaron los cables de conexión del canal, empujaron y arrojaron cerveza a la periodista y patearon al camarógrafo.
Asimismo, “un equipo de prensa de Unitel se encontraba registrando imágenes y buscando entrevistas con los líderes del MAS; sin embargo, de un momento a otro y sin motivo comenzaron a empujar al periodista y al camarógrafo, y fueron bañados con cerveza”, denunció esa red televisiva en su portal de noticias.
Según los reportes de ambos medios y el informe que recibió la ANPB, los grupos violentos de los evistas estaban en presunto estado de ebriedad ya que tras la clausura del congreso comenzó el festejo con música y alcohol.
En tanto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mediante un comunicado, rechazó todo tipo de violencia y pidió a las organizaciones políticas que realizan estos eventos respetar los valores y principios constitucionales.
“A su vez ratifica el deber de hacer respetar el derecho a la libertad de expresión (…) y reitera la obligación del Estado de garantizar el orden público mediante las instancias llamadas por ley”, agrega el comunicado.
De enero a la fecha suman 105 casos de vulneración de la libertad de prensa y 35 casos contra la libertad de expresión, que representan un tercio de los 450 casos de vulneración a los derechos humanos que reporta el Observatorio de Defensores de Derechos de la red Unitas.
Según el informe de Alanes, periodistas de otros medios también reportaron que en Lauca Ñ, “el ambiente y las condiciones para el trabajo periodístico eran condiciones adversas y con mucha susceptibilidad”.
Agregó que el Ministerio de Gobierno, de la Presidencia y el viceministerio de Comunicación ya están al tanto de la denuncia que presentó la ANPB por “las agresiones a los periodistas de parte de grupos enardecidos en estado de ebriedad”.
“El Estado es el responsable de garantizar la protección de los periodistas, la investigación de la violencia que se desata contra los periodistas y la sanción a los responsables”, manifestó Alanes.
