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El funcionario de la Sala Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de iniciales J.A.C.B. fue aprehendido tras ser denunciado por el supuesto cobro de 20.000 bolivianos por una sentencia e imputado por el delito de cohecho pasivo propio. Este miércoles, en audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público solicitará su detención preventiva.
Si se comprueba la denuncia, podría caberle una pena de entre siete y 12 años de prisión, según el Código de Procedimiento Penal.
APREHENSIÓN
El denunciante prestó su declaración informativa la semana pasada en Santa Cruz y ese actuado judicial fue clave para la aprehensión de J.A.C.B., antes del mediodía de este martes, en el lugar de su trabajo: la Sala Social Primera del TSJ, informó el fiscal anticorrupción Fernando Aragón.
El Fiscal dijo que la presunta víctima del cobro declaró sobre reuniones que mantuvo con el ahora imputado, a quien identificó con sus nombres y apellidos.
Aragón y su colega Cristian Suárez, acompañados de otros dos funcionarios, procedieron a trasladar a la Fiscalía al aprehendido para que preste su declaración informativa. De momento, es el único investigado. Ante la consulta sobre si será también convocado el magistrado Revilla, en cuyo despacho trabaja el funcionario como asistente, Aragón respondió que analizan esa posibilidad en la comisión de fiscales.
LA DENUNCIA
El caso se conoció en marzo de este año a partir de una denuncia recibida en CORREO DEL SUR y que derivó en la presentación de demandas por parte de los magistrados Revilla y Miranda, además de la Unidad de Transparencia del TSJ.
Según la investigación fiscal, la supuesta víctima llegó a Sucre en noviembre del año pasado para intentar reunirse con Revilla y explicarle las irregularidades de su caso, pero no pudo acceder a esa autoridad.
En su búsqueda de hacerse escuchar llegó a J.A.C.B., que se identificó como asesor legal de Revilla, quien le explicó que había que reconocer con un monto del 7% del monto demandado en su causa (aproximadamente 10.000 dólares).
El 9 de diciembre, el litigante le entregó los Bs 20.000 en el parque Bolívar y J.A.C.B. le dio el Auto Supremo correspondiente al caso, pero no establecía lo acordado.
RECONOCIDO
La Fiscalía tomó declaraciones a nueve trabajadores del despacho del magistrado José Antonio Revilla. De ellos, siete indicaron que conocían al funcionario en cuestión y dos que no reconocían a quién corresponden las iniciales J.A.C.B.
//FUENTE: CORREO DEL SUR//
