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La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) y la Defensoría del Pueblo emitieron comunicados esta jornada para condenar, principalmente, el atentado del derecho a la alimentación que promueven grupos afines al Gobierno con un cerco a Santa Cruz.
El departamento cruceño desarrolla su sexto día de paro indefinido en demanda de la ejecución del Censo de Población y Vivienda para el 2023, el Gobierno definió el empadronamiento nacional para el primer semestre del 2024, un año antes de las elecciones generales del 2025.
Los sectores y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) decidieron atacar la medida de protesta de las instituciones de Santa Cruz. Desde la jornada pasada se desarrolló un cerco al departamento para evitar que ingresen y salgan alimentos a la región.
“Ninguna medida de protesta de cualquiera de los actores involucrados en el conflicto, puede restringir o vulnerar los derechos humanos individuales o colectivos; el derecho a la alimentación, salud y el acceso a los servicios públicos básicos, además de otros derechos, no pueden ser afectados en su libre ejercicio por posiciones intransigentes que atenten, en particular, los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, razón por la cual recalcamos que la única forma para resolver discrepancias es el dialogo que permita lograr de soluciones”, señala el pronunciamiento de la Defensoría.
En estos días de protesta cruceña se registraron enfrentamientos en zonas como el Plan 3000 entre grupos pro y contra Censo 2023. Similares choques se registraron en Tarija y Cochabamba.
“El día de ayer (miércoles) en Santa Cruz han secuestrado por 11 horas a conductores de camiones cisternas en la refinería Palmasola dependiente de YPFB para evitar el desabastecimiento de combustibles a la ciudad y provincias, atentado contra la integridad física de los transportistas vulnerando el derecho al trabajo. A su vez, grupos organizados de choque organizados por el Estado impidiendo el ingreso de alimentos”, señala el comunicado de la APDHLP.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos condenó que el Gobierno, en vez de escuchar las demandas de la población para que se efectivice el Censo de Población y Vivienda en el año 2023, organiza a funcionarios públicos y trasladan personas para generar confrontaciones violentas como las sucedidas en el departamento Beni, Santa Cruz y La Paz.
En el comunicado de la Defensoría del Pueblo se señala que ninguna medida de protesta puede restringir o vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía por lo que expresó su preocupación por las medidas de presión y pide se depongan actitudes y acciones que impidan encontrar caminos para un diálogo sincero, efectivo y transparente.
//FUENTE: ANF//
