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Unas 70.000 hectáreas de propiedades productivas están avasalladas por grupos armados en la zona Norte de Santa Cruz, según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
Las 70.000 hectáreas equivalen a ’30 aeropuertos Viru Viru’ si se toma en cuenta que la terminal aérea de Santa Cruz tiene una superficie de 2.320 hectáreas, lo que permite tener una magnitud del problema.
Esta situación -según el gerente general de Anapo, Jaime Hernández- pone en riesgo la siembra de miles de hectáreas destinadas a la producción de alimentos que necesita el país.
Desde finales del año pasado, grupos irregulares amedrentan a productores propietarios de predios titulados y en plena producción agrícola; al punto de que les impidieron sembrar y producir. “Estas intimidaciones son constantes y provienen de grupos delictivos que circulan en motos, incluso con el rostro cubierto”, afirmó el ejecutivo.
Un grupo logró, inclusive, realizar una siembra y cosecha de soya en un área superior a las 100 hectáreas, y ahora amenaza con tomar posesión de un mayor territorio. En ese sentido, los productores afectados tomaron acciones ante la justicia y denunciaron estos hechos delictivos. Como resultado, han sido emitidas órdenes de desapoderamiento y detención para los cabecillas identificados.
Esperan intervención policial
A la fecha, se espera que la Policía y la Fiscalía cumplan con el mandamiento de aprehensión que fue emitido contra los implicados, quienes generan incertidumbre y temor entre productores que invierten de manera significativa en la producción de granos.
“Es fundamental recibir señales claras de que no se permitirán avasallamientos en propiedades tituladas, con el fin de asegurar la seguridad jurídica de las tierras productivas”, aseveró el ejecutivo.
José Luis Santistevan, exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), explicó que en la desinstitucionalización del Estado el INRA no está al margen. “El INRA es un órgano disfuncional y no opera de forma rápida porque son tierras privadas y necesitan protección inmediata”, afirmó.
El segundo elemento -indica- es la cooptación política de la justicia y por eso no se protege a los productores agropecuarios. “El caso de Las Londras evidencia que no se castiga y la impunidad promueve que siga el avasallamiento y el tercer elemento es la organización corporativa de grupos irregulares, asociaciones delictuosas como los interculturales que tienen apoyo político”, dijo.
No fue posible conocer la versión del INRA sobre el tema, pese a las llamadas y mensajes al director Eulogio Núñez.
Así, en el Norte cruceño hay cinco propiedades agrícolas afectadas por la toma ilegal de tierras que suman la superficie mencionada.
Amenaza constante
Fernando Asturizaga, asesor legal de Anapo, dijo que los avasalladores andan en motocicletas modernas y recorren las propiedades agrícolas amenazando a los productores.
Sobre las personas que llegan a la zona y ocupan los terrenos, dijo que “es gente a las que (los cabecillas) les dicen que a cada boliviano le toca 50 hectáreas; así que, si son casados les pueden dejar 100 hectáreas y lo demás debe pasar a las comunidades”. Desde Fundación Tierra, confirmaron que esa es la estrategia que utilizan los líderes de los avasalladores.
En días pasados, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en línea con Anapo, advirtió que los avasallamientos de propiedades atentan contra la seguridad alimentaria de los bolivianos. En ese contexto, observa la inacción de las autoridades y pide al Gobierno que otorgue seguridad jurídica a los productores.
José Luis Farah, presidente de la CAO, dijo que hace mucho que solicitan respeto al estado de derecho; sin embargo, la situación se torna cada vez más violenta para la producción.
//FUENTE: EL DEBER//
