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La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, fue retenida por un grupo de los llamados interculturales, la madrugada de este lunes, cuando se dirigía a verificar las condiciones de los pobladores de la reserva de Tariquia en Tarija, lugar donde se pretenden efectuar operaciones petroleras.
Carvajal partió a la zona a solicitud de cinco familias de la comunidad El Cajón que denunciaron ser víctimas de represalias y desalojos por parte de los sectores afines al régimen masista, además de tener que vivir en condiciones de extrema pobreza.
Según el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), Carvajal y una reducida comitiva de la APDHB, llegó a un punto de bloqueo y luego hasta el ingreso a la reserva natural, desde donde alertó de su situación.
“Estoy en la puerta del parque, bueno, aquí no sé, hay uno 30 comunarios que se han formado por grupos, son gente intercultural, algunos no los conozco. Me dicen que yo no paso; ellos me quieren sacar de aquí en una movilidad, me siento secuestrada”, manifestó la octogenaria activista.
La acompañaban la coordinadora nacional de pueblos indígenas, Ruth Alipas, la dirigente comunaria Paula Gareca, la representante de Derechos Humanos en Tarija, Yolanda Herrera, y la exfuncionaria defensorial Gladys Sandoval.
Ya por la tarde, Carvajal se comunicó con algunos medios a los que informó que estaba en una reunión para tratar de evaluar los hechos en otro punto de bloqueo.
Por su parte, Herrera explicaba a Fides la situación, mediante contacto telefónico.
“Son las petroleras en combinación con algunos dirigentes, posiblemente con algunos intereses, que se están forzando a esta situación con la política del actual del Gobierno y esas personas que están bloqueando y existiría otro punto de bloqueo”, dijo la delegada tarijeña.
En la reserva de Tariquia ya se instaló desde 2014 un campamento de YPFB Chaco y Petrobras, para realizar tareas de exploración, pese a la resistencia de seis comunidades que advierten que los pozos de agua adyacentes están en riesgo de contaminación.
A esto se suma el anuncio del presidente coyuntural Luis Arce, de una inversión de 1.550 millones de dólares para el “plan de reactivación petrolera” a ser ejecutado en los próximos cuatro años.
El desplazamiento de los llamados interculturales en la zona se enmarca en amenazas de desalojo a los pobladores de esa región al sur de Bolivia.
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