La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) identificó una “estigmatización” y hostigamiento a varios defensores de los derechos humanos en Bolivia, ya que muchos enfrentaron la acusación de haber organizado un supuesto golpe de Estado en la crisis de 2019 en el país.
El último informe de Amnistía Internacional señala que entre enero a junio del año pasado el Gobierno boliviano presentó cargos contra al menos 41 personas entre defensores de los derechos humanos, exautoridades del Gobierno interino de Jeanine Áñez, abogados, entre otros, acusados de “delitos imprecisos”.
El informe indica que esta situación “formaba parte de una estrategia más amplia consistente en acusar a personas opositoras o críticas de haber ayudado a organizar un golpe de Estado en 2019”.
“Las autoridades estigmatizaron y hostigaron a varios defensores de los derechos humanos”, reza el informe.
Además, menciona los casos del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal.
En el caso de Albarracín, él fue uno de los afectados en la crisis política y social de 2019 cuando intentaron quemar su casa, además ahora enfrenta un juicio por supuestamente embarazar a una mujer y abandonar al bebé, pero se realizaron las pruebas de ADN que señalan que no es el padre del menor.
Aun así las autoridades judiciales determinaron darle detención domiciliaria por seis meses por “abandono de mujer embarazada”.
Por su parte, Carvajal recibió amenazas de grupos que le advertían con quemar su casa si continuaba con su labor, también visitó y abogó en varias ocasiones para que la expresidenta Áñez, quien lleva más de un año en detención preventiva, se pueda defender en libertad.
Juicio justo
El informe señala que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó “graves deficiencias por parte de las autoridades a la hora de garantizar la autonomía e independencia del poder judicial”.
Entre las recomendaciones del GIEI citado en el documento de Amnistía Internacional está que el Gobierno boliviano anule un polémico decreto de amnistía a las personas “simpatizantes al Gobierno” que estaban detenidas por delitos supuestamente cometidos en la crisis de 2019, norma que fue abrogada el año pasado.
“Las autoridades prometieron anular el decreto de amnistía, pero siguieron utilizando el sistema de justicia para atacar a la oposición política e hicieron caso omiso de las garantías de juicio justo”, remarca el informe.
El documento hace mención al caso de la expresidenta transitoria Áñez, quien es acusada de delitos como terrorismo, sedición y conspiración en un procedimiento que ha sido criticado por algunos observadores internacionales al “carecer de las debidas garantías procesales”.
La crisis política y social de 2019 se desató luego de las observaciones a los resultados de las anuladas elecciones de ese año que daban a Evo Morales un cuarto mandato consecutivo; sin embargo, el entonces mandatario renunció denunciando ser víctima de un supuesto golpe de Estado.
Para el oficialismo, Áñez vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados para ponerse en sucesión constitucional y asumir la Presidencia tras la renuncia de Morales y de todos los que por ley estaban habilitados para liderar el Ejecutivo, mientras que la oposición señala que se trata de una sucesión constitucional.
Derechos de las mujeres
El informe también señala que ante los 108 feminicidios ocurridos en 2021 los grupos de la sociedad civil destacaron la necesidad de “emprender acciones más firmes” para prevenir la violencia machista.
Varios grupos de mujeres protestaron este mes en contra de la impunidad y la corrupción en el sistema judicial tras conocer un caso de un feminicida en serie que fue liberado por los jueces porque tenía una enfermedad.
El documento también subraya la “actuación deficiente contra la crisis climática” en la que las autoridades bolivianas aprobaron algunas normas que “incentivan la explotación maderera y la quema de bosques”.
Asimismo alerta que los pueblos indígenas sufrieron agresiones físicas y “represión policial e invasiones en su tierra” por defender su territorio.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
