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La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz falló a favor de una acción de cumplimiento, que ordena al alcalde de San Ignacio de Velasco actuar legalmente contra los avasallamientos del área protegida Bajo Paraguá. La medida fue solicitada por la diputada María René Álvarez.
La disposición judicial instruye al alcalde Carlos Ruddy Dorado el desalojo de toda persona que incurra en la tala de árboles y el desmonte, acciones legales que deben imponerse en coordinación con la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT).
Por otro lado, ordena la aplicación de la Ley Autónoma Municipal en beneficio del Área Municipal Protegida del Bajo Paraguá, tanto por la vía administrativa, como por la vía ordinaria, a objeto de garantizar las acciones operativas en su conjunto.
La acción de cumplimiento fue formulada luego de que fuera conformado el Comité Interinstitucional de defensa del Bajo Paraguá, que contó con la participación de asambleístas nacionales, departamentales y caciques indígenas de las comunidades: Florida, Porvenir, Piso Firme y Picaflor.
“Este es un fallo histórico para la protección de nuestros recursos naturales y nuestros bosques; pero también es un antecedente para la defensa de las comunidades indígenas de nuestra Chiquitania, que se ven amenazadas y expulsadas de sus propias tierras por estos grupos de avasalladores violentos”, expresó al respecto la diputada Álvarez.
En marzo de este año EL DEBER reportaba que solo en la primera quincena de ese mes se había tumbado más de 15 ha de bosque del área protegida municipal. Por ese motivo el cabildo indígena había dado plazo de 20 días al alcalde para poner un alto a la ocupación ilegal de tierras y los desmontes.
