A la Asamblea Legislativa le coartan su derecho a fiscalizar

ANGÉLICA SILES

La Constitución Política del Estado en el Artículo 158.I.18 dice: “Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”. En cuanto a la Ley 1.350, que regula los efectos de la Censura, determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Art. 4 (IMPOSIBILIDAD DE DESIGNACION), I manifiesta: “La Presidenta o el Presidente del Estado, no podrá designar como Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadana que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución”.

La censura política existe cuando un poder político trata de ocultar, distorsionar o falsear la información que sus ciudadanos reciben. Por ello se dio la censura al ministro de Gobierno, Del Castillo, con base en la denuncia de Hugo Bustos, fundador del Grupo de Búsqueda de Vehículos, ex policía retirado, que en octubre de 2022 alertó sobre el ingreso irregular a Bolivia de unos 5.000 autos robados en Chile. Al menos cuatro chilenos reconocieron sus motorizados y manifestaron que hay vehículos que fueron “tan usados” por el Gobierno boliviano, que ya son casi inservibles. Un caso conocido fue del camión Volvo F12 que le robaron a una chilena, lo usó el Ejercito, al haber sido donado en 2018 por el Ministerio de la Presidencia, según informe de la Aduana de junio de 2022. La victima vio que el camión estaba tan mal y no tenía cómo llevárselo, entonces solicitó indemnización. Pero hasta la fecha aún no se atendió esa demanda.

El pasado 27 de marzo, el gobierno boliviano entregó un auto a la dirigencia del Conamaq, después de un mes se supo que el motorizado tenía denuncia de robo en Santiago de Chile. La vagoneta marca Suzuki fue regalada también a movimientos sociales, apareció en la localidad yungueña de Coroico. La diputada Luisa Nayar denunció el hallazgo de un segundo vehículo que figura como robado en Chile, estaba parqueado en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Ratificar a Del Castillo como Ministro de Gobierno, a pesar de haber sido censurado y no aceptar el mandato de la Asamblea Legislativa, es desconocer la Constitución y las leyes, por la decisión del primer poder del Estado. Si bien el presidente tiene la potestad de nombrar a miembros de su gabinete, con esta omisión está expuesto a ser sometido a un juicio de responsabilidades, por decisiones contra la Constitución y por incumplimiento de deberes.

Por otra parte, vimos que en la Asamblea Legislativa Plurinacional no se aprobó el crédito de 50 millones de dólares del BID, pues de 112 legisladores, 55 votaron por la aceptación y 57 por el rechazo, por tanto, no hubo mayoría. ¿Seguirá ese camino la Asamblea para lograr que se respete su derecho? Como la CENSURA que se dio al Ministro de Gobierno. Qué pasará cuando se pretenda aprobar más deuda a través de los créditos que requiere Bolivia, ya que las Reservas Internacionales se agotaron y desde febrero no se informa al país sobre el estado de situación. Por lo tanto, no hay garantías para las importaciones de bienes y servicios que requiere la industria y todo el sistema productivo. Si el Legislativo no puede fiscalizar al Ejecutivo, por casos como los autos robados de Chile, el narco avión, el envío de 17 TN de droga que denunció Morales, los autos chutos y otros delitos, denunciados por algunos legisladores del partido oficialista.

Exigimos al gobierno, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de los recursos que administra, así como por las políticas públicas y leyes, de acuerdo con el mandato constitucional definido en los Arts. 241 y 242 sobre Participación y Control Social.

ANGÉLICA SILES PARRADO

Abogada, ex Asambleísta Constituyente de Bolivia

*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21