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Embarazos de 28 a 29 semanas son llevados a partos prematuros obligados por presión de la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, denunció la representante de la Plataforma por la Vida y la Familia, Elizabeth Lanza.
Las denuncias sobre abortos o partos prematuros forzados suman, sobre todo en Cochabamba, donde la plataforma provida recibió alertas del propio personal médico en dos casos recientes que terminaron en la muerte de los bebés.
El “modus operandi” de la Defensoría, explica Lanza, es presionar al personal médico, bajo amenaza de procesos judiciales, para realizar la “interrupción legal del embarazo”, cuya sigla es ILE y que Cruz promueve a nombre de “derechos reproductivos”.
“La Defensoría está cometiendo criminales atentados a la vida de niños bolivianos que por el lamentable hecho de haber sido concebidos por violación son asesinados ante la mirada indiferente de la Defensoría que luego solo desaparece”, declaró.
En un reciente caso, con una niña de 12 años de Chimoré, la menor optó por hacer caso a las recomendaciones de los galenos, que en su diagnóstico habían definido continuar y completar la etapa de gestación. Sin embargo, la junta médica fue presionada para cortar ese embarazo mediante un parto prematuro en el hospital del sur de Cochabamba.
Esperanza, nombre que se le dio a la bebé, nació viva, pero por haber sido extraída del vientre materno murió el lunes, tras 72 horas de agonía en terapia intensiva.
Una decena de casos recientes como Esperanza o Índigo con más de siete meses de gestación, son parte de los expedientes que se preparan para la denuncia contra Cruz ante el Ministerio Público.
La plataforma provida sugirió al personal médico a ejercer su derecho de objeción de conciencia y no dejarse amedrentar por la institución defensorial.
Lanza también denunció que los hospitales a donde llegan estos casos, son intervenidos por servidores públicos de la Defensoría que incluso impiden que profesionales psicólogos o trabajadoras sociales tomen contacto con las menores embarazadas o sus familias.
Cruz, sobre el caso de la menor de Chimoré, había denunciado que aquel era un caso de “tortura” y que su salud estaba en inminente riesgo. Explicó que la niña pidió la “interrupción” de su embarazo, pero estaba siendo obligada “a soportar cinco semanas más de dolor”.
Asimismo, la defensora interina amenazó al director del Hospital Germán Urquidi, José Pardo, con una denuncia ante instancias internacionales por atentar contra la vida de la menor y ejercer tortura.
“Vamos a presentar una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado boliviano, toda vez que se siguen ejecutando los hechos de tortura. Se presentará una solicitud de petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque este tipo de casos deben dejar de naturalizarse en el país y porque urgen medidas para limitar este accionar”, declaró la pasada semana.
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