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Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Foro Educativo y la Defensoría del Pueblo en Perú han denunciado en las últimas semanas la aprobación de normas por parte del gobierno peruano que debilitarían los esfuerzos por impulsar una mejor educación para los jóvenes.
En mayo, el Congreso de la República aprobó dos proyectos de ley referidos a la educación. El primero consistió en restablecer la autonomía a las universidades públicas y privadas, mientras que el segundo trata de la eliminación del enfoque de género y busca impulsar la intervención obligatoria de los padres en la realización de los materiales escolares, lo cual es competencia del Ministerio de Educación.
Reforma de educación universitaria
En 2014 se aprobó la nueva ley universitaria que estableció la creación de una superintendencia nacional, adscrita al Ministerio de Educación, que normara la educación universitaria.
Tras ocho años, 93 universidades peruanas lograron el licenciamiento debido a que cumplieron una serie de requisitos como tener infraestructura, contar con docentes de altas credenciales académicas e impulsar la investigación científica. A 48 instituciones se les denegó la solicitud debido a que no cumplían con esos puntos.
El 4 de mayo pasado los legisladores aprobaron restablecer la autonomía a las universidades públicas y privadas, lo cual ha generado controversia y críticas.
“La reforma universitaria fue hecha por la presión y la exigencia ciudadana de los jóvenes. No todas las autoridades estaban a favor, pero en este tiempo ha traído mejoras, como el incremento presupuestal. Más de 1.000 millones ha repartido el Estado para que las universidades públicas puedan licenciarse”, dijo la parlamentaria Flor Pablo a la Voz de América.
Pablo, quien fue ministra de Educación durante el gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020) y defendió la reforma entonces, cuestiona que “las autoridades de las universidades desean regresar a la época donde había facilismo académico, no existían controles ni investigación y los estudiantes eran los más perjudicados”.
Según la Constitución peruana, el presidente tiene entre sus atribuciones observar cualquier ley aprobada y derivada por el Congreso al Ejecutivo. Si decide hacerlo, la iniciativa retorna al poder legislativo para que haya una mayor deliberación antes de que sea promulgada y oficializada en el boletín oficial de leyes que sale en el diario oficial del Estado peruano.
En este caso, Castillo observó la ley que restablece la autonomía a las universidades aprobada en mayo pasado para que sea otra vez debatida en la comisión de Educación del Parlamento.
El 8 de junio los integrantes de este grupo decidieron que la iniciativa se promulgue y quedó en manos del Congreso para publicarla como ley. Si esto ocurriera, la viabilidad de la norma se discutiría en el Tribunal Constitucional de presentarse demandas. Hasta la fecha esta legislación no ha sido publicada como ley en el diario oficial El Peruano.
Educación con igualdad de género
En junio de 2016, el Gobierno de Ollanta Humala aprobó el currículo nacional de educación básica que, entre los aspectos más resaltantes, incluía el enfoque de género. Esto surgió a partir de recomendaciones que hiciese el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW en sus siglas en inglés).
En febrero de 2017 aparecieron grupos conservadores que demandaban la abolición del plan de estudios y el cese de su implementación. Incluso se interpuso una demanda de acción popular constitucional ante el Poder Judicial para eliminar la palabra “género” porque, según ellos, existía una “ideología de género”. El recurso fue rechazado en 2019.
“Es un proyecto de ley dramático en varios sentidos. Desde el enfoque en cómo se ha colocado en la escena de la discusión que, bajo una premisa, los padres de familia no participan en los procesos educativos a pesar de que la ley del enfoque de género sí lo considera”, dijo Susana Chávez, directora de la ONG Promsex.
Chávez indica que si se incluye a los padres, cabe la posibilidad de que los profesores puedan ser judicializados por impartir la temática del enfoque de género y eso conllevaría a quebrar todo concepto de política educativa.
También dijo que la ley interviene en áreas educativas donde se incluyen criterios morales, el más polémico de los cuales tiene que ver con la educación sexual.
“Lo que plantean estas organizaciones es que la educación sexual debe ser impartida en el hogar y no en la escuela”, cuestionó.
Castillo decidió no observar la norma y, por ello, el Congreso la promulgó para que entre en vigencia.
La Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Colegio de Profesores y hasta la Unesco han rechazado la controvertida propuesta que busca eliminar la posibilidad de establecer una igualdad de derechos de las mujeres y los hombres.
Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 82% de los peruanos se ha manifestado a favor de que la educación sexual integral (ESI) sea impartida en los colegios.
Por su parte, el Gobierno peruano presentó una medida cautelar ante el Poder Judicial para que el Congreso no publique la norma sobre la reforma universitaria ya promulgada. Además, el ministro de Educación, Rosendo Serna, informó que no observaron la norma sobre la identidad de género para evitar problemas con las asociaciones de padres de familia.
“Se están imponiendo intereses regresivos en algunos sectores claves como la educación y el acceso a la información pública. Tanto el Gobierno como el Congreso de la República han tenido acciones para limitar la posibilidad de que la ciudadanía se informe de manera libre sobre estos asuntos transcendentales para el país”, afirmó Samuel Rotta, secretario general de la organización Proética, capítulo de Perú de Transparencia Internacional, a la Voz de América.
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