ANDRÉS GÓMEZ
Lo que ayer fueron los barones del Estaño, hoy son los barones de la coca. La influencia de este sector en el gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca es determinante. Su poder fue descrito por el mismo ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en La Asunta, Yungas, en marzo pasado, cuando denunció a dirigentes y diputados cocaleros que tienen hasta ocho hectáreas y aseguró que se están llenando los bolsillos.
“Sabemos quiénes son esos dirigentes, esos diputados”, dijo aquella vez, pero hasta el momento no reveló todos los nombres. Desde ese día y desde la captura del exjefe antidroga Maximiliano Paredes, requerido por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, el mismísimo ministro sufre el acoso de este grupo encabezado por el jefe del MAS y expresidente Evo Morales.
El periodista y escritor boliviano Ted Córdova Claure escribió, en febrero de 1986, que “los llamados barones del estaño, los potentados Patiño, Aramayo y Hoschild, se convirtieron en una especie de superestado que ponía y sacaba a presidentes y usaba al ejército como su guardia pretoriana”.
Es probable que no hayamos retrocedido aún a aquella época. Sin embargo, hay hechos que prueban que vamos en esa dirección. Por ejemplo, miembros de las Fuerzas Armadas responden a dirigentes del Chapare. Uno de ellos, Williams Kaliman Romero, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que por los datos revelados hasta este momento coordinó en noviembre de 2019 la hora de la renuncia del entonces Presidente.
No sólo militares, también policías. El mismo jefe del MAS confesó que tiene policías a su servicio. “Según información de policías patriotas, uno de los principales actores en el encubrimiento al narcotráfico en Valle Sajta es el Cnl. Velasco, quien inició un operativo esta madrugada con el plan de responsabilizarnos a mí y a dirigentes del trópico”, trinó en Twitter cuando montó una denuncia de protección al narcotráfico.
¿Cuál la fuente de ese poder? En un primer momento, el sector cocalero sintonizó hábilmente con el sentimiento nacional popular y la onda antiimperialista. Tras tomar el poder, puso a su servicio toda la maquinaria del Estado y convirtió sus intereses sectoriales, a través de la propaganda, en causas nacionales.
De este modo logró medidas muy favorables para sí, pero perjudiciales para el país.
1)Expulsión de la Administración de Control de Drogas (DEA) bajo la falacia de la defensa de la soberanía nacional. ¿A quién favorece la ausencia de la DEA? ¿A vos? ¿Al fabril? ¿Al narcotraficante?
2)Alteración del estudio de la hoja de coca, con aquiescencia de la Unión Europea. Esa investigación estableció que los bolivianos necesitaban sólo seis mil hectáreas de coca para el consumo tradicional. El poder cocalero cambió los datos e inventó que Bolivia requiere 14.705. No conforme, legalizó 22 mil. ¿A quién benefició esta alteración? ¿Al proletario? ¿Al albañil?
3)Redacción de una ley para legalizar la coca del Chapare. Pese a que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló, al menos en tres informes, que sólo el 4% de la coca del trópico cochabambino pasa por el mercado legal de Sacaba, el poder cocalero legalizó 7.700 hectáras, de los cuáles el 94% de la coca es desviada al narcotráfico. A la fecha, no se sabe exactamente cuánta coca existe en esa región. Los poderosos no permiten el acceso a la zona. ¿A quién favorece esta ley? ¿Al panadero? ¿Al indígena que pide limosna en las calles?
4)Control de la lucha antidroga. El llamado “zar antidrogas” responde al poder cocalero más que al Estado boliviano. ¿Quién se beneficia de este control? ¿La vendedora de un mercado?
5)Control de jueces y fiscales. Recientemente, ostentó una sentencia sobre un hecho que nunca sucedió: golpe. ¿A quién favorece esa sentencia? ¿A las víctimas de Sacaba y Senkata? ¿A Luis Arce?
6)Control de otros sectores. Tiene tal poder fáctico que puede derrocar a cualquier autoridad local o departamental a través de bloqueos. Incluso al propio presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. En este momento, ambos son rehenes de la dirigencia cocalera. ¿Quién se beneficia? ¿El vecino alteño?
7)Tiene una poderosa red de medios encabezada por radio Kausachun Coca. ¿A quién favorece? ¿Al trabajador cuentapropista?
Dirigentes de la ciudad de El Alto se dieron cuenta de esta realidad. “Nosotros no podemos permitir que desde el Chapare quieran direccionar. No vamos a permitir esa injerencia. La ciudad de El Alto tiene más de un millón de habitantes y el Chapare solamente tiene 200 mil’, dijo Marcelo Mayta. El senador cocalero Leonardo Loza declaró con arrogancia el 14 de junio: “Hoy en día, posiblemente, los líderes más claros e influyentes seamos los dirigentes del trópico de Cochabamba” (ANF).
Lo que ayer fue la oligarquía, hoy es el poder cocalero. Como todo poder fáctico, este pelea por mantener sus privilegios. En una democracia, no puede haber poder más grande que el Estado.
ANDRÉS GÓMEZ VELA
Periodista y Abogado
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
