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El jueves 9 de junio, un grupo de padres cercó la Jach’a Uta (Casa Grande) -el edificio donde funciona la Alcaldía de El Alto- y no dejó a salir a cientos de funcionarios y ciudadanos hasta la madrugada del día siguiente. La alcaldesa Eva Copa dejó su casa y pasó a la clandestinidad porque recibió amenazas. Por esa situación, la comuna denunció a siete dirigentes.
“La denuncia está dirigida contra Evaristo Cruz Limachi, Néstor Sergio Churqui Rojas, Carlos Laura Flores, Martha Quispe Gutiérrez, Isaac Copa Vargas, Ruddy Luis Alberto Yampa, Gregorio Gómez”, dijo el 10 de junio Isaac Mauricio Navarro, director general de Asesoría Legal de la Alcaldía alteña.
Según la comuna, casi todos los dirigentes denunciados tienen afinidad y forman parte del ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS). De los siete, el primero fue aspirante para ser candidato por el partido masista a la silla del gobierno municipal alteño; el segundo fue acusado por la quema de Alcaldía en 2016 y el tercero declaró que siempre defenderá a Evo Morales. Este medio intentó comunicarse con la dirigencia de los padres de familia, pero no hubo respuesta.
El dirigente Rudy Luis Alberto Yampa ejerció el cargo de coordinador general de juntas escolares de la ciudad de El Alto y fue parte del ala dura del MAS que rechazó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“Se produjo el golpe de Estado, algunas organizaciones lo apoyaron, pero lo que más influyó fue el Ejército. Nos pescaron, la población no estuvo preparada para este golpe financiado por organismos extranjeros y organizado hace mucho tiempo atrás”, declaró Alberto Yampa en noviembre del año 2020 en el programa Somos Bolivia.
Para las subnacionales, la dirección regional del MAS en El Alto inició un trabajo “por tiempo y materia” para elegir al representante que iría por la Alcaldía. Uno de los precandidatos del partido azul era el dirigente Alberto Yampa. Figuraban además los exparlamentarios Eva Copa y Sergio Choque, y la exministra Wilma Alanoca.
Alberto Yampa fue también uno de los 1.000 representantes gremiales que fueron al encuentro de Morales, quien hasta esa fecha se encontraba en Argentina, según registro de los medios.
Pese al intento de Alberto Yampa, el MAS optó por Zacarías Maquera como su candidato a la Alcaldía. Eva Copa se desligó del partido y llegó a la silla edil gracias al apoyo de otra agrupación.
En enero del año pasado, el entonces ministro de Educación, Adrián Quelca, acreditó a la Directiva de la Junta Nacional de Madres y Padres de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia y Alberto Yampa fue posesionado en el cargo de secretario general de esta entidad.
Otro de los dirigentes, Néstor Sergio Churqui Rojas, también fue denunciado por el reciente cerco al Jach’a Uta. No es su primer proceso penal. Fue una de las 10 personas investigadas por la quema de la Alcaldía de El Alto que ocurrió en 2016 cuando Soledad Chapetón era la alcaldesa.
Este dirigente -junto a un grupo de 10 personas- fue acusado por homicidio y destrucción de bienes del Estado por el incendio que causó de la muerte de seis personas y dejó 23 heridos, de acuerdo con funcionarios del actual gobierno municipal de El Alto y registros periodísticos.
Hasta 2017, los principales acusados eran ocho y fueron remitidos al penal de San Pedro con detención preventiva, entre ellos se encontraba Churqui.
Otro de los dirigentes de los padres de familia, Carlos Laura, fue opositor a la entonces alcaldesa Soledad Chapetón. En esa gestión municipal, en septiembre del año 2020, lideró a un grupo de padres de familia del Distrito 14 de El Alto que retuvo a funcionarios de la subalcaldía. Los manifestantes exigían el pago en efectivo del desayuno escolar.
El entonces secretario de Atención Ciudadana, Henry Contreras, anunció un proceso penal contra Carlos Laura por “mellar la dignidad de las personas” y por secuestro. La entonces alcaldesa Chapetón fue a una mesa de diálogo llena de tensión, la que se extendió por más de 10 horas hasta llegar a un acuerdo.
Un mes después, la citación llegó al domicilio de Laura. “(Nos acusan) de estorbar el ejercicio de funciones a la Alcaldía. Los funcionarios son incapaces porque no hay ejecución de obras, ni materiales ni equipamiento. La alcaldesa firmó para entregar quintales, luego dijo que había sido secuestro y comienzan a procesarnos”, dijo en ese entonces el dirigente.
La oposición de Laura continuó contra Eva Copa y este año volvió a criticar el desayuno escolar que se distribuye en los colegios de la urbe alteña.
En una declaración pública a principios de año, Laura dijo: “Voy a mostrar orgulloso la bandera del MAS porque gracias a los masistas recuperamos nuestro país y los recursos naturales. Antes, nuestras hermanas debían estar cargadas de garrafas, ahora tenemos gas domiciliario. (Todo fue) con nuestro hermano Evo Morales -el mejor presidente de Bolivia-, un indígena como yo. Lo vamos a defender para siempre”.
La Alcaldía de El Alto presentó el 10 de junio una denuncia ante la Fiscalía contra los siete dirigentes acusados de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, además de privación de libertad por el cerco a la Jach’a Uta.
Isaac Mauricio Navarro, director general de Asesoría Legal de la Alcaldía, sostuvo que independientemente de la denuncia penal, se presentó una Acción de Libertad ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto, con la finalidad de reparar el derecho a la libertad de las personas afectadas y para que no se vuelvan a repetir acciones como ésa.
“Alrededor de 1.000 personas han sido privadas de su libertad al interior de las instalaciones del edificio del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Entre ellos estaban adultos mayores, mujeres en estado de gestación, personas con discapacidad y no sólo servidores públicos”, dijo.
Al momento de presentar la denuncia, el director general de Asesoría Legal aseguró que se identificó estos dos tipos penales para que la Fiscalía realice las correspondientes investigaciones y se informe también ante el juez contralor de Derechos y Garantías en este caso. “Tengo entendido que una de las personas contra quienes se dirige la denuncia ya tiene un antecedente penal, incluso una sentencia condenatoria que no está ejecutoriada. Tengo entendido que está en grado de apelación”, dijo la autoridad municipal, en referencia a Néstor Sergio Churqui.
El secretario de Gestión, Rudy Balladares, acusó a los dirigentes de ser “los operadores de Evo Morales” junto con otros legisladores municipales y nacionales. “Convocan a los dirigentes, dan la línea”, afirmó.
“El propósito que tienen es desgastar la gestión de la alcaldesa Eva Copa. Tenemos audios de reuniones que confirman eso, su propia gente graba los audios”, aseguró.
Según el funcionario, en estos audios instruyen que no deben dejar trabajar a la Alcaldesa. “Buscan que la gestión no funcione”, dijo.
Luego del cerco al Jach’a Uta y las denuncias interpuestas por la Alcaldía, la protesta se extinguió. La movilización -que exige mayor presupuesto a los colegios y la mejora del desayuno escolar- comenzó el miércoles 8 de junio cortando todas las vías de El Alto. El jueves 9 se intentó ampliar los bloqueos hasta llegar a cerrar toda la ciudad, pero la medida “general e indefinida” sólo duró esos dos días.
La Alcaldesa se reunió con los dirigentes del Distrito 1 el viernes 10 de junio sin informar el sitio ni la hora al resto de los padres para evitar cercos.
Los padres de base aceptaron reunirse con Copa para encontrar una salida al conflicto de las unidades educativas. “Hicimos un cuarto intermedio para reiniciar (el diálogo) con todos los sectores”, añadió Balladares.
El viernes 10 de junio hubo un primer acercamiento con los padres del Distrito 1 de El Alto y el municipio continuará el acercamiento con papás de más colegios, dijo el funcionario.
“Los padres de base entendieron que es necesario entablar el diálogo que fue perjudicado por dirigentes afines al MAS. Reconozco que la dirigencia vio conveniente el diálogo”, dijo el funcionario y agregó que los padres llevaron adelante reuniones y decidieron negociar “con o sin sus dirigentes”.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
