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Con el objetivo de velar la salud del bebé, la junta de médicos del Materno Infantil Germán Urquidi, en Cochabamba, decidió no interrumpir el embarazo de una niña de 12 años que fue violada por su abuelo. El caso se registró en Chimoré. La Defensoría del Pueblo anunció que presentará una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en contra del Estado boliviano.
“En el hospital hemos hecho una junta médica y no estamos de acuerdo con interrumpir el embarazo de siete meses, ya que el objetivo es preservar la vida del ser humano, ya que no es culpa del bebé estar en esa situación. Es un niño que está avanzado en la gestación, si sobrevive el niño ¿quién se hará cargo?”, explicó el director del nosocomio, José Pardo.
Detalló que no corresponde la interrupción del embarazo, ya que el niño tiene muchas condiciones para sobrevivir y su interrupción a esta edad gestacional significará un nacimiento con daño cerebral continuo y lesiones en la vista, entre otros males relacionados con la inmadurez fetal.
“Lo que nosotros estamos planteando a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es que se pueda llevar adelante el embarazo unas semanas más, hablamos de unas cuatro semanas y algo más, para que el niño pueda nacer en condiciones, tales para que posteriormente se dé en adopción y no tenga secuelas en su salud”, afirmó el médico.
Al respecto, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que no se hizo ningún tipo de estudio en la salud integral de la niña de 12 años.
“Quieren cinco semanas más de tortura en contra de la menor, pese a que la niña rogó, suplicó para que le saquen (interrumpan el embarazo). Lo que hacen en el Hospital Germán Urquidi es que a través de sus acciones y posiciones personales desprotegen a las víctimas de abuso sexual, quienes tiene derecho a ser escuchadas por el Estado”, observó.
Dijo que es urgente la participación del Sedes y de la Gobernación de Cochabamba.
Asimismo, Cruz anunció que presentarán acciones constitucionales para que la niña tenga asistencia médica e integral que vele por su vida y de forma paralela presentarán una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado boliviano,
“Se siguen ejecutando tortura contra los derechos humanos porque estos casos deben de dejar de naturalizarse en el país”, advirtió.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
