ANGÉLICA SILES
La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 15.II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. El Artículo 62 expresa que “El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades”.
Sin embargo, debemos recordar a las madres que NO tuvieron el derecho a la VIDA porque murieron en manos de sus parejas, dejando huérfanos en la completa indefensión. Además, con traumas difíciles de superar, porque vieron morir a su madre en manos de su padre, por lo que podrían buscar venganza y convertirse en delincuentes, o pensaran que es normal la violencia, porque el Estado no se hace cargo como corresponde de tal situación.
La Fiscalía General de Bolivia informó de 35 feminicidios a partir de enero de 2022 a la fecha. En la Paz con 16 feminicidas, Santa Cruz 9, Cochabamba 7, Beni 2, Potosí 2 y Tarija 1. Se identificó que la principal forma de violencia machista fue la asfixia manual, de 12 mujeres; con golpes o trauma 11, por arma blanca 9 y por intoxicación 3. De los casos, el 94% se encuentra con responsables identificados. La mayoría de los hechos de violencia suceden en el interior del hogar, 6 víctimas tenían entre 13 a 20 años, 10 de 21 a 30 años, 12 de 31 a 40 año, 1 de 41 a 50, 2 de 51 a 60 años, 3 de 61 adelante.
Las tentativas de feminicidio aumentan en un 43% en Bolivia, 50 mujeres estuvieron a punto de morir en manos de sus parejas entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2022. En la mayoría de los casos, las mujeres se salvaron por la intervención de una tercera persona. Del 1 de enero a mayo de 2022, hubo 14.820 denuncias de violencia, 2.391 corresponden al Departamento de La Paz. De enero a la fecha se registró 11.963 denuncias, mientras que en el mismo periodo de 2021 se reportó 11.153, como violencia doméstica con 9.527 casos, seguido de abuso sexual 682, violación 661, violación de infante, niña, niño o adolescente 611, estupro 375.
El departamento con mayor índice de casos denunciados es Santa Cruz, con 6.000 casos de violencia, 42 por día. La policía no cumple su deber, cada 3 días muere una mujer en manos de su pareja o ex pareja, con saña y premeditación, y sus familiares deambulan buscando Justicia, que NO la encuentran.
Se agregan a esta cadena de violencia 15 INFANTICIDIOS, solo se identificó al 77% de los agresores. La mayor cantidad de casos se encuentra en La Paz con 7, Potosí 3, Santa Cruz 2 y Tarija 1. La muerte de los inocentes fue: por golpe o trauma 6, por asfixia 5 y por intoxicación 4. Algunos padres los matan para no pagar las PENSIONES que por ley corresponde, ya que los hijos están en poder de las madres, por abandono del progenitor o tienen otra pareja.
Un caso de indefensión del Estado es el de Maida Roca, apuñalada por su pareja, frente a sus hijos y aún con vida deambuló por hospitales en busca de auxilio, no la atendieron y perdió la vida. En este caso se debe sancionar a los malos médicos que negaron el auxilio. En Yapacaní, dos hermanas de 11 y 14 años fueron violadas por sus primos y quedaron embarazadas.
Lamentablemente, por la inoperancia, ineficiencia y corrupción de los jueces y fiscales, solo 9 tienen sentencia condenatoria, 23 en etapa preparatoria, 2 en etapa preliminar y 1 con acusación formal. En estos casos se tiene a 32 personas identificadas plenamente como los autores de los hechos; los móviles de la violencia son el consumo de bebidas alcohólicas y los celos por sus parejas.
Exigimos la reestructuración del Sistema Judicial y una auditoría, porque el aumento de los feminicidios se debe, entre los factores más relevantes, al machismo y patriarcalismo retrógrado. Por la idea de que la mujer es de su propiedad, las someten a una vida de violencia y las matan, generalmente por celos. Y porque los jueces y fiscales corruptos, a pesar de tener más de 50 procesos, siguen de servidores judiciales, en consorcios con algunos abogados, mientras el Consejo de la Magistratura, inoperante, los fomenta y no los procesa ni destituye, convirtiéndose en cómplice de la IMPUNIDAD.
ANGÉLICA SILES PARRADO
Abogada, ex Asambleísta Constituyente de Bolivia
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
