CARLOS ARMANDO CARDOZO
El pasado 24 de mayo el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, tuvo que bajarse de su trono para contestar la ola de críticas de muchos economistas que a diferencia del titular de esa cartera pueden ver a través de cada decisión que el Gobierno Nacional va tomando para tapar su ineficiencia y su desesperación.
Para que el ministro pueda entender porque no solo los economistas sino también el conjunto de bolivianos no asalariados no afiliados a su partido no cree en ninguno de sus discursos triunfalistas pasare a detallar algunos aspectos importantes, basado en datos oficiales que “ellos” publican a través de las Memorias de la Economía Boliviana 2011 y 2020 (ellos haciendo referencia a sus profesionales, personas de confianza y respaldo del partido oficialista).
Montenegro señala que el modelo ha mostrado una sostenibilidad y fortaleza no solo a crisis financieras mundiales sino también a intentos desestabilizadores por parte de grupos separatistas internos. Sin embargo, como es posible que como resultado luego de 15 años de administración del MAS (2006-2020) las empresas públicas en conjunto hayan dejado una pérdida de 18,688 millones de bolivianos, que hábilmente son disfrazados de superávits aislando solamente los ingresos y gastos corrientes (48.511 millones de bolivianos).
Es aquí donde el ministro renuncia a su vocación de economista y se pone la camiseta del partido, porque ya sea que estas empresas públicas desobedezcan las nociones básicas de economía que dictan que una empresa cualquiera debe recuperar la inversión inicial realizada y adicionalmente generar superávits durante cada periodo de producción tal que esta sea factible. El ministro como cualquiera de sus colegas en la administración pública ratifican que un proyecto público tiene distintos parámetros para poder determinar su viabilidad o no, sin embargo aún apelando a la visión del burócrata promedio que pasa por alto cualquier aspecto técnico para priorizar el ”impacto social” de sus intervenciones, ¿acaso no estaríamos sacrificando un “capital inicial” (fondo perdido) a cambio de magros flujos de efectivo de corto plazo que solo permiten sobrevivir al emprendimiento sin miras a una expansión o una diversificación hacia otros productos? La lógica de una empresa en general que se proyecte en el largo plazo, no por nada tienen una visión a perseguir, pero ¿qué hace especiales a las empresas públicas bolivianas? Se rigen por parámetros “políticos” y no económicos.
Solo así se puede justificar que estas empresas públicas recibieran entre 2006 y 2020 un total de 50.619 millones de bolivianos por concepto de transferencias corrientes. Inyecciones de liquidez que permitan corregir algún problema o mantener el funcionamiento respectivo de sus diferentes líneas de producción, nuevamente metiendo todo a la bolsa se puede disimular el déficit individual de cada empresa pública en particular.
Separando a YPFB del resto de empresas públicas se puede realizar un análisis por mercados, donde YPFB ha priorizado el mercado interno entre 2006-2020 en un 55,82% promedio anual, siendo los únicos años donde el mercado externo fue superior entre 2011 y 2015. Curiosamente las ventas al mercado interno están subvencionadas por el Gobierno, es decir que existe un costo de oportunidad incurrido donde se elige no exportar para atender el consumo interno.
El resto de empresas públicas ha priorizado de igual manera el mercado interno en un promedio anual de 66,77% durante el mismo periodo de análisis, tan solo 33,23% de los ingresos generados son debido a ventas en el mercado externo. Únicamente, durante 2007-2010, las ventas al mercado externo superaron las registradas en el mercado interno.
Empresas públicas que se analizan en masa, orientadas al mercado interno, sin interés alguno en guiarse por los precios, sin capacidad de recuperación de capital para buscar la competitividad. Dependen de inyecciones de liquidez para poder continuar funcionando, ni hablar de ofrecer productos o servicios de mejor calidad.
Ministro, estamos hablando de un pilar de su modelo, que se sostiene en la nada, del cual depende el pago de la Renta Dignidad, los que generan “empleo” y sacan a la población de la pobreza. Son empresas improvisadas que viven del Tesoro General de la Nación, si la informalidad es la norma, gente que vive del día a día sin seguridad social, sin salario, sin salud, la pregunta obligada para hacerse sería: ¿a qué mercado apuntan, si la lógica es producir todo? ¿Quién pagará la factura de las empresas públicas?
¿Sin ahorro, como pretenden crear riqueza? Vía endeudamiento, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que los informales vean la luz al final del túnel y abracen la maraña de trámites, regulaciones, impuestos y sanciones que ustedes llaman “el milagro boliviano”?
Ese milagro que a pesar de tener todo ese potencial en materias primas sigue exprimiendo hidrocarburos y minerales a su Pachamama. Industrializar a diestra y siniestra no es la solución, y el costo que se paga priva a los individuos de elegir por sí mismos un mejor destino.
Qué bueno que no tiene espejo ministro Montenegro porque se debe tener mucho estomago para mirar su reflejo todos los días a sabiendas de que su pomposo discurso es hueco, tendencioso y forzado.
Los ciudadanos demandamos la verdad de funcionarios públicos, como usted, que vive gracias a los impuestos que esquilman sin piedad.
CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA
Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de la Fundación Lozanía
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
